Le ha costado más de tres meses pero, finalmente, la Generalitat dio a conocer ayer a través del Diario Oficial de la Comunidad los cinco nombres que conformarán la gestora encargada de liquidar definitivamente la extinta Caja Mediterráneo (CAM). No será una tarea fácil porque, además de traspasar el patrimonio de la obra social a una nueva fundación y de lograr financiación para la misma, los elegidos también deberán amortizar las cuotas participativas que emitió la entidad y deberán decidir si lo hacen a cero euros -el valor que tienen los títulos según los administradores provisionales nombrados por el FROB- o si, por el contrario, ofrecen algún tipo compensación a los afectados, como defienden las propias organizaciones de consumidores y perjudicados, o el PSPV.
Por eso, en realidad, la pelota está en el tejado de los tres representantes designados a propuesta del PP -los socialistas han propuesto a los otros dos- que serán el exsecretario autonómico de Turismo y actual responsable de esta misma área en el Ayuntamiento de Elche, Matías Pérez Such; el constructor y fundador de Ecisa, Manuel Peláez Castillo; y el abogado y expresidente del Real Liceo Casino de Alicante, Manuel Rodríguez-Murcia.
Ninguno de ellos quiso pronunciarse ayer sobre el futuro de los polémicos títulos de la CAM a la espera de tener más información sobre el asunto, de la misma forma que tampoco la Generalitat ha tomado hasta el momento una posición clara sobre ante el temor al desgaste que puede suponer cualquier decisión en uno u otro sentido: si compensan a los afectados pueden poner en riesgo la viabilidad de la futura fundación y, si no lo hacen, se convertirán en el blanco de las críticas de los afectados.
Experiencia
En cualquier caso, la elección de los miembros de la gestora se ha realizado pensando más en la puesta en marcha de la nueva fundación que en la amortización de las cuotas. Así, destaca la experiencia en este ámbito de Matías Pérez Such, que ya preside la fundación cultural Frax de Altea y se perfila para ocupar este mismo cargo en la gestora; o la de Manuel Peláez a través de la organización filantrópica que lleva su nombre. El primero de ellos destacó ayer "la importancia de preservar para la provincia la actividad de la obra social de la CAM, aunque sea en una versión más reducida.
Por su parte, Rodríguez-Murcia, además de ocupar durante seis años la presidencia de otra institución cultural de relevancia, como es el Casino de Alicante, también tiene conocimientos sobre el sector financiero ya que trabajó en la asesoría jurídica del antiguo Banco de Vizcaya y llegó a ser responsable del área de Planificación y Control de la entidad en la zona. Además, según las fuentes consultadas, estaría bien relacionado con el vicepresidente del Consell, José Císcar.
Por su parte, como avanzó este diario el pasado 29 de enero, los designados por el PSPV, según el acuerdo que alcanzaron los dos partidos mayoritarios, son el abogado experto en derecho administrativo y exdirector general de Comercio en el último gobierno de Joan Lerma, Luis Boyer; y la profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Alicante y exconcejal de Benidorm, Irene Bajo. A pesar de sus vinculaciones políticas, los socialistas defienden que se trata de dos "perfiles técnicos", adecuados a la tarea que deberán desarrollar para liquidar la CAM.
En este caso, ambos tienen claro que defenderán una solución para los afectados por la pérdida de valor de las cuotas participativa. En cuanto a la futura fundación, el PSPV defiende que sea lo más plural y transparente posible.
