23 de enero de 2013
23.01.2013
Entre 2009 y 2011

Crespo multiplicó por 30 sus dietas y se embolsó 640.000 €

Los exjefes de la CAM también se enfrentan a la acusación del fondo de garantía de depósitos

23.01.2013 | 01:00
El exdirector general de la CAM Roberto López (izqda) y Juan Ramón Avilés, expresidente de la Comisión de Control.

Una nueva acusación particular contra la excúpula de la CAM se ha sumado a la que desde que se inició el proceso viene ejerciendo la propia entidad a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien instruye la causa abierta contra los dos últimos directores generales de la caja de ahorros Roberto López Abad y María Dolores Amorós, contra los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb y contra el expresidente Modesto Crespo por los delitos de apropiación indebida y falsedad, entre otros, acordó ayer la personación en este procedimiento del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), de cuya representación procesal se ha hecho cargo, al igual que en el caso del FROB, el penalista Carlos Gómez-Jara.

La resolución del magistrado es respuesta al escrito presentado el viernes por el letrado en el que planteaba la personación de este organismo, un fondo que se nutre de las aportaciones obligatorias de todas las entidades financieras con las que se garantiza el mínimo de 100.000 euros que cada depositante tiene derecho a recuperar en caso de quiebra de un banco o caja. Aunque inicialmente era el FROB el responsable de recapitalizar a las entidades en apuros, el Gobierno de Zapatero modificó la ley en octubre de 20011 para evitar que ese dinero contabilizara como déficit público. En virtud de este cambio legal, que atribuía al FGD la "realización de actuaciones que refuercen la solvencia y el funcionamiento de las entidades de crédito", salieron de este organismo los 5.249 millones que se inyectaron a la CAM antes de adjudicársela al Sabadell. Y es también este fondo el que debe hacer frente al esquema de protección de activos que asumirá la mayor parte de las pérdidas derivadas de las peregrinas inversiones inmobiliarias en las que se embarcó la caja.

Con esta base, y en el marco de la pieza principal que afecta a la excúpula, precisa el letrado en su escrito que "se están investigando conductas de gestión desleal por parte de los antiguos directivos de la CAM a consecuencia de las cuales y para evitar la propagación del riesgo sistémico, el FGD se vio obligado a inyectar capital por importe de 5.249 millones y otorgar un esquema de protección de activos durante un plazo de diez años". Con este argumento esgrime su condición de perjudicado para apoyar que sea admitida su personación como acusación particular, como así lo ha acordado el juez, lo que abre la vía para que, en caso de sentencia condenatoria, pudiera recuperar parte de lo aportado.

Imputaciones a Avilés
También ante el magistrado Gómez Bermúdez ha sido ratificado por un perito del Banco de España el informe elaborado por este organismo en el que se confirman las actuaciones recogidas en la querella presentada por el FROB contra el expresidente de la Comisión de Control de la CAM, Juan Ramón Avilés, por los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

El informe, encargado a instancias del fiscal para no contar como único apoyo de las imputaciones el elaborado por PwC, base de la querella, confirma los extremos recogidos por la auditora: desde la concesión a sociedades de Avilés de cuatro millones en préstamos del Instituto Oficial de Crédito (ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), es decir, de fondos públicos, sin que se acreditara el coste de la inversión a realizar ni la viabilidad del proyecto al que se iban a destinar, a la utilización de una hermana del imputado como testaferro en la venta de unas acciones, una transmisión que ya PwC calificó de "ficticia" con el "único fin de hacer invisible el carácter vinculado de los préstamos" a una de las sociedades de Avilés. A estas presuntas irregularidades se sumaba la concesión por parte de la CAM de préstamos por 17 millones de euros en unas condiciones más que ventajosas y el supuesto cobro irregular de unos 300. 000 euros/año en concepto de dietas. Fuentes judiciales destacaron la solvencia con la que el perito ratificó ante el juez lo recogido en el informe.

Nou Temple estudia demandar al Sabadell
El Grupo Nou Temple estudia presentar una demanda judicial contra SabadellCAM por "bloquear" ocho créditos, con un importe total de 39,5 millones de euros, aprobados en su día por Caja Mediterráneo (CAM) para desarrollar ocho promociones y que se paralizaron tras la intervención de la entidad por parte del Banco de España. Según la promotora, esta actitud le está impidiendo cumplir con el convenio firmado en marzo de 2010 con el que la compañía logró superar el concurso de acreedores. No es la primera vez que Nou Temple amenaza con demandar a la CAM por este motivo y ya hizo lo mismo con CCM. Desde el Sabadell rechazaron hacer ningún comentario.

BANCO DE ESPAÑA
«Crespo multiplicó por 30 sus dietas»
­El expresidente de CAM Modesto Crespo se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo y que «nunca» fue aprobada por la asamblea de la entidad. Así consta en un informe del Banco de España que ha recibido el juez Gómez Bermúdez en el que se pone de manifiesto cómo Crespo, aprovechando su presencia en otros puestos de empresas participadas en exclusiva por la caja, engordó sus ingresos en los últimos años antes de la intervención de la entidad. El modus operandi consistía en ocupar cargos en algunas filiales de la caja con los que percibir ingresos que no debían contar con el visto bueno de la asamblea de la caja, la cual sólo le daba luz verde a las dietas como presidente, unos 20.654 euros en ese periodo. «La cuantía de esta remuneración, que no está vinculada a asistencia, y su efecto retroactivo, desnaturaliza su concepción como dieta», resalta el informe, que señala que los 640.000 euros que percibió Crespo fueron aprobados por el consejo de administración de la CAM, «pero nunca» por la asamblea general.

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