La Plataforma de Afectados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que representa a los titulares de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la entidad, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que ordene el embargo del patrimonio de la Obra Social de la entidad y de su oficina en Miami (Estados Unidos) para garantizar las responsabilidades civiles que podrían derivarse del procedimiento.
El abogado del colectivo, Diego de Ramón, ha realizado esta petición en el marco de la pieza separada en la que el juez Gómez Bermúdez investiga a los exdirectivos de la entidad por la venta de participaciones preferentes y en la que, según apuntó en septiembre pasado, la entidad podía ser responsable civil subsidiaria del posible perjuicio económico provocado a las más de 50.000 personas que adquirieron estos productos financieros.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado solicita al juez instructor que bloquee bienes de la entidad por valor de 17,10 millones de euros, al ser la cuantía que los miembros de la asociación habrían invertido en estos productos, y pide que se haga antes de que la obra social se liquide y disuelva.
La Plataforma de Afectados, que ejerce la acusación particular, sostiene que sus representados fueron "estafados en los mercados bursátiles", ya que los balances de la CAM desde 2007 reflejaban "una apariencia de beneficios" que resultaron ser pérdidas cuando se produjo la intervneción por parte del Banco de España en julio de 2011.
RESPONSABLE CIVIL, SEGÚN EL JUEZ
Esta parte justifica el embargo apuntando que el juez Gómez Bermúdez señaló en un auto dictado en septiembre pasado que la CAM sería "responsable civil subsidiaria" del presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de cuotas participativas".
La entidad, que pertenece actualmente al Banco Sabadell después de que la adquiriera en subasta pública por un euro, es la perjudicada en lo relativo a los delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal que se imputan a sus gestores, según el citado auto del juez.
El portavoz de la Plataforma, Carlos Pena, explicó el pasado 4 de octubre tras una manifestación celebrada en Alicante que la Obra Social de la caja alicantina cuenta con un patrimonio de 80 euros y señaló que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del que depende este organismo desde la intervención, pretende entregarlo al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
