29 de octubre de 2012
29.10.2012

El juez indaga cómo se autorizaron los créditos de la CAM a Avilés

El magistrado Gómez Bermúdez también ha reclamado al ICO y al Instituto de Finanzas de Murcia los expedientes de los préstamos por casi cuatro millones concedidos a Juan Ramón Avilés, así como un informe al Banco de España

29.10.2012 | 14:09
De izquierda a derecha Juan Ramón Avilés, el perito Juan Manuel Antón y el abogado e hijo del imputado.

­Si el presidente de la Comisión de Control de la CAM, Juan Ramón Avilés, consiguió que la caja de ahorros le concediera préstamos por 17 millones de euros en unas condiciones más que ventajosas, según afirma el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la querella presentada contra él, el magistrado que investiga estas presuntas irregularidades quiere saber quién o quiénes dentro de la entidad autorizaron estos créditos y con qué argumentos se justificó el visto bueno a las operaciones.

Esta es una de las diligencias que, a instancias del fiscal anticorrupción, ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, quien instruye este asunto en el que Avilés está imputado por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. El empresario y abogado murciano ya declaró el pasado septiembre por estos hechos y aseguró a preguntas de su hijo (quien le lleva la defensa, la única parte junto al fiscal a la que contestó) que todas sus operaciones con la caja eran legales, que no presionó a nadie para obtener mejores condiciones, que no se sirvió para ello de su cargo como presidente de la Comisión de Control y que lo que se estaba haciendo, se quejó, era «criminalizar unas relaciones comerciales».

Sea como fuere, el hecho es que el juez aún no ha respondido a su recurso contra su imputación ni a su posterior petición de archivo y que además ha solicitado al ICO y al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) los expedientes completos de todos los créditos concedidos a Avilés por estos organismos: tres de ICO-Liquidez por valor de 500.000 euros cada uno, otro del plan ICO-Renove Turismo de 660.000 euros y 1,86 millones del ICREF, lo que suma un total de casi cuatro millones de euros de dinero público que, según la querella, se concedieron sin verificar ni su viabilidad ni sus garantías. De hecho, según mantuvieron las acusaciones durante la comparecencia de Avilés ante el juez, el empresario llegó a utilizar estos fondos, pensados para dotar de liquidez de sus empresas, en pagar el abono a Canal+ o una matrícula en la Universidad Católica de Murcia. Desde el entorno del imputado restaron importancia a estos pagos porque, según explicaron, «lo importante de estos créditos era que se devolviera el dinero porque no eran créditos que tuvieran una finalidad concreta». El informe de PwC que ha servido de base de a la querella afirma que el crédito de ICO-Renove se empleó para financiar la actividad promotora de las sociedades de Avilés cuando su objeto era la compra de equipamientos fijos para el turismo.

El juez también ha solicitado un informe al Banco de España para no tener como única base el elaborado por PwC a instancias del FROB y, según ha podido saber este diario, estaría indagando si se habría podido cometer un fraude de subvención.

Piden recusar a los inspectores del Banco de España
Roberto López y María Dolores Amorós coinciden en plantear la remoción de los peritos que auditarán las cuentas de la CAM

Sin aparente estrategia de defensa conjunta y sin tan siquiera hablarse el día que coincidieron en la Audiencia Nacional para que el magistrado Gómez Bermúdez les notificara las medidas cautelares que había adoptado contra ellos, los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López y María Dolores Amorós, han coincidido en plantear al juez lo que el fiscal califica como una «recusación encubierta» de los peritos del Banco de España. Los imputados han hecho este planteamiento después de que el magistrado acordara que inspectores de este organismo vuelvan a auditar determinados apartados de las cuentas de la caja precisamente para disipar cualquier duda sobre la imparcialidad de los técnicos. Por ello, una de las condiciones que puso fue que quienes vayan a realizar esta tarea no hayan tenido relación alguna con la intervención de la entidad. Ante la petición de los exdirectivos imputados, quienes esgrimen la supuesta «parcialidad» de los inspectores, responde el fiscal que la recusación solo se puede plantear a título individual, cuando se haya nombrado a los funcionarios, nunca a un colectivo como es el formado por el Cuerpo de peritos del Banco de España. El juez aún no se ha pronunciado al respecto.

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