El Gobierno obligará a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas compañías de cargar este coste sobre las arcas públicas. En concreto, según la normativa aprobada ayer por el Consejo de Ministros, las firmas que registren ganancias durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de 50 o más años tendrán que efectuar una aportación económica al Estado para compensar el impacto que dichos despidos suponen sobre el sistema de protección por desempleo.

La norma persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a valorar sus capacidades laborales.

El Real Decreto aprobado este viernes recoge el sistema para calcular las aportaciones económicas que tendrán que hacer las empresas y que se realizará a través de liquidaciones anuales. El Servicio Público de Empleo será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de las aportaciones.

Si recolocan, no pagan

Este proceso se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán 15 días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones, las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.

Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de 30 días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda. Esta norma viene únicamente a adaptar las novedades que se incluyeron en la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó que, en los años de bonanza, "grandes grupos empresariales con beneficios" ajustaron plantilla a través de los denominados "ERE preventivos", que incluían prejubilaciones y despidos con cargo a los recursos públicos.

"Aunque el anterior Gobierno puso coto a esto, nosotros llegamos un poco más lejos", dijo Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que precisó que con esta medida no se limita el derecho de las empresas a hacer un ERE, sino que se trata de impedir que los contribuyentes paguen estos despidos. Con esta norma se modifica parcialmente la llamada "enmienda Telefónica", aquella que se incluyó en la reforma de pensiones para evitar que las grandes empresas con beneficios que prejubilan a trabajadores mayores de 50 años carguen el coste al presupuesto público.

Tramitación de los ERE

El Consejo de Ministros aprobó ayer también el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.

La norma, que desarrolla la reforma laboral aprobada en febrero, regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en el periodo de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar. En el reglamento se concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores y las medidas sociales que deben ponerse en marcha para limitar los efectos de los despidos.