La Cámara de Alicante pacta un ERE que afectará a 18 de sus 85 empleados

El pacto, que se cerró el pasado jueves y se hará efectivo el próximo día 26 de octubre, contempla unas indemnizaciones de 37 días por año trabajado, así como la creación de una bolsa de trabajo con una duración de cuatro años de la que pasarían a formar parte los ahora despedidos que, además, tendrían prioridad en el caso de que la institución cameral necesitara realizar contratos en el periodo de vigencia de la misma.

Hace más de un mes que la entidad reactivó el ajuste laboral que se decidió a finales de 2011 dentro del plan de ahorro contemplado en los presupuestos para este año y que incluyen una partida de unos 400.000 euros para el pago de las indemnizaciones. En un primer momento, la Cámara abrió un periodo de plan de bajas voluntarias con el fin de que el ERE resultase lo menos traumático posible. Tras una prórroga de unas semanas, han sido, finalmente, 18 empleados los que se han adherido al programa y los que entrarán en el expediente. No obstante, la partida económica destinada a costear la reestructuración laboral no se ha agotado, por lo que, según distintas fuentes, no se descarta que antes de final de año la entidad pudiera iniciar otra nueva fase de reducción de plantilla.

Con la salida de estos 18 empleados, se mantendrían trabajando todavía 67 personas. No obstante, de los 85 trabajadores que aún conforman plantilla, un 40% de los mismos estaría "protegido" ante otra regulación de empleo, dado que son los denominados en todas las Cámaras de España los "estatutarios", sujetos a un régimen especial a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 1993.

La Cámara de Comercio desde que anunciara que iba a llevar a cabo una reestructuración de plantilla a finales de año ha eludido hablar de número de posibles afectados por el ajuste, dado que todo dependería de la antigüedad y sueldo de los trabajadores. De ahí que siempre se haya remitido a la cuantía global de 400.000 euros aprobada para el pago de las indemnizaciones.

El impacto de las cuotas

La institución alicantina no sólo se está viendo afectada por el periodo recesivo que está asfixiando a las empresas del país, sino que, además, hace dos años tuvo que hacer frente, al igual que sus homólogas en todo el Estado, a la resolución del Gobierno que eliminaba la obligatoriedad del pago de las cuotas que pagaban las compañías a estas instituciones. Esta decisión sumió a las Cámaras en una crisis económica, ya que las cuotas venían representando alrededor del 60% de sus presupuestos. Ya el pasado año la entidad alicantina puso en marcha un plan de austeridad con el que poder hacer frente al nuevo escenario, que se ha visto agravado por los impagos del Consell. Esta situación de retraso de pagos también está afectando a otros colectivos sociales, así como a organizaciones sindicales y empresariales de la Comunidad.

Y para contrarrestar los efectos de la supresión de las cuotas, la Cámara alicantina viene desarrollando una campaña de recuperación de socios para que de forma voluntaria las empresas se adhieran a la entidad a través del pago de unas cuotas anuales asequibles, que varían según el tamaño de la compañía. Al mismo tiempo, la Cámara ha ampliado la gama de servicios que presta para adecuarse a las necesidades del empresariado provincial.

Baja al 27% las pymes que piden créditos al subir las exigencias

El número de pymes que acuden a entidades financieras a pedir crédito se ha reducido al 27,7% en el tercer trimestre del año, frente al 47,8% al que ascendía en el primer trimestre y el 35,3% en el segundo, según la encuesta de acceso de las pymes a la financiación ajena, que elaboran las Cámaras de Comercio. Del total de pequeñas y medianas empresas que han solicitado financiación, un 69,3% lo han obtenido, cifra superior al dato del segundo trimestre (68,5%). Por su parte, las denegaciones no han variado con respecto al trimestre anterior, situándose en el 25,5% en el periodo. El principal motivo por el que se deniegan los créditos es que las garantías son insuficientes, en el 65,7%, un porcentaje similar al trimestre anterior (66%). Además, según la encuesta de las Cámaras de Comercio, el 81% de las empresas advierte que se han incrementado los tipos de interés. Un 85,3% señala que han aumentado las exigencias de garantías y avales y, de este grupo, al 53,3% se le ha requerido garantía de carácter personal. Otro de los problemas que plantean las pymes son los gastos y comisiones, que para el 71% se han encarecido respecto al trimestre anterior. La dilación en el plazo de la respuesta de las entidades financieras a la solicitud de crédito es señalada por el 54,8% de las empresas y a un 3,8% se les ha exigido un plazo de devolución más corto. E.P.madrid