20 de septiembre de 2012
20.09.2012

Discrepancias sobre el informe en que se basa la querella a Avilés

Los peritos de PwC se ratifican en sus acusaciones mientras la defensa considera que no tienen fundamento

20.09.2012 | 02:00

Después de más de dos horas de careo ayer finalizó en el juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional la ratificación del informe de la consultora PwC que ha servicio de base para al querella presentada contra el presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Cuatro horas, si se cuentan las de la jornada del martes, que los peritos de PwC y el designado por Avilés, Juan Manuel Antón, han empleado para ratificar (los primeros) y rebatir (el segundo) un informe que recogía, entre otros aspectos, cómo Avilés habría utilizado dinero procedente de créditos de fondos públicos, los del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), para pagar deudas domésticas, como el recibo de Canal Plus o una matrícula en la Universidad Católica de Murcia.
Unos abonos a los que desde el entorno de Avilés se le restó importancia "porque no son préstamos finalistas, es decir, que no tenían una finalidad concreta, y lo que importa es que al final se devolviera el dinero aunque se hubiese usado para pagar cosas personales", precisaron.
Mientras fuentes próximas al imputado consideran que el informe de PwC ha quedado desvirtuado y vacío de contenido tras ser cotejado con su perito, desde la acusación se mantiene que tanto el citado informe como el del Banco de España, además de los correos interceptados y que ya obran en la causa, confirman que el presidente de la comisión de control recibió préstamos de fondos públicos sin que se le exigieran las más mínimas garantías al tiempo que utilizó su posición de fuerza como presidente de la comisión de control de la CAM para obtener de la caja 17 millones en unas condiciones más que ventajosas además de cobrar unos 300.000 euros en dietas supuestamente irregulares.
Uno de los exdirectivos de la CAM del que el fiscal pide ahora su imputación, Francisco Martínez, ha declarado a instancias de la acusación en esta causa, donde ante el juez ha negado presiones por parte del imputado. En un correo intervenido y adjuntado al proceso de Avilés, el jefe de Riesgo Inmobiliario de la entidad, Segundo Romero, se queja al entonces director general de Inversiones, Francisco Martínez, de que Avilés no había aportado "ningún documento que acredite el coste de la inversión a financiar" ni tampoco "un plan de tesorería que justifique la viabilidad" de los proyectos a los que se iba a destinar el dinero.

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