Dos imputados más que sumar a los cinco que ya forman parte de la causa en la que se pretende averiguar, entre otras cuestiones, si la excúpula directiva de la CAM falseó las cuentas de la entidad de ahorro para adjudicarse unos emolumentos a los que no tenían derecho dada la situación financiera de la caja. Ésta es la pretensión del fiscal que desde Anticorrupción lleva el asunto y así se lo ha hecho saber al magistrado de la Audiencia Nacional que dirige la investigación, Javier Gómez Bermúdez, quien aún no se ha pronunciado sobre esta petición.

En concreto, la acusación pública pide la imputación de Francisco Martínez, exdirector general de Inversiones ya sin vinculación alguna con la caja, de donde fue despedido, y de su entonces subordinado Juan Luis Sabater, quien era director de Financiación y Gestión de Liquidez y que hoy continúa en el área de Gestión Financiera de Banco CAM.

El ministerio público entiende que ambos son responsables de las operaciones de titulización de créditos con las que supuestamente se hincharon artificialmente los resultados de la entidad en 2010, el primero en cuanto que las diseñó y el segundo porque las firmaba, con lo que esta parte entiende que estaba al corriente de las operaciones. La acusación particular que representa los intereses de la caja a través del letrado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no se ha sumado a este planteamiento por entender que ambos ejecutivos eran meros ejecutores que cumplían órdenes de sus superiores.

De acuerdo con el informe realizado por la inspección del Banco de España tras la intervención de la entidad, a lo largo del citado ejercicio la CAM realizó hasta cuatro titulaciones de créditos que considera irregulares. Este tipo de operaciones son relativamente habituales en el sector y consisten en "empaquetar" lotes de préstamos para venderlos a terceros -generalment fondos de inversión u otras entidades- para obtener liquidez.

La caja asumía todo el riesgo

En el caso de los lotes que vendió la CAM se incluían numerosos créditos fallidos o en situación de impago porque, al traspasarlos, la normativa permite recuperar las provisiones realizadas por los mismos, con lo que se generan beneficios, y además se reduce la tasa de morosidad, uno de los indicativos que más se vigilan en los mercados. Es una práctica legal siempre que realmente en la operación se traspasen al comprador los riesgos de los créditos.

El problema es que los directivos de la entidad alicantina, para conseguir colocar los lotes, incluyeron una opción de recompra casi por el mismo precio del que se vendieron, de forma que al final era la caja quien asumía las pérdidas. Es decir, según el supervisor, se trataba de una venta ficticia con el único objetivo de recuperar las dotaciones realizadas ante el Banco de España. Gracias a ello la CAM se anotó unos beneficios extraordinarios de 143,7 millones de euros, que más tarde los administradores del FROB tuvieron que corregir.

Aunque los principales responsables serían, según el supervisor, los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, Francisco Martínez sería el responsable de estructurar estas titulaciones como responsable del área de Inversiones y Riesgo, mientras que Juan Luis Sabater era el responsable legal de su firma.

De acordar el magistrado estas dos nuevas imputaciones, éstas se sumarían en la causa principal de la CAM a la del expresidente Modesto Crespo, a las de los exdirectores generales -los citados López Abad y Amorós- y a las de los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, todos ellos imputados por las supuestas maniobras realizadas en las cuentas de la entidad para garantizarse unos ingresos irregulares dado el calamitoso estado de la caja hoy en proceso de disolución.

Los cinco imputados hasta ahora se encuentran pendientes de que el juez resuelva sus recursos contra la providencia de finales de julio en la que se fijaba una fianza de 25,8 millones, una cuestión sobre la que el magistrado se podría pronunciar en breve. El expresidente y los cuatro exdirectivos de la entidad han recurrido esta decisión judicial por considerar, entre otras matizaciones, que no está suficientemente motivada y que una medida así requiere un auto y no una providencia, además de que debería fijarse la cuantía según los hechos que se imputan en cada caso en vez de la misma para todos.

Modesto Crespo ha sido el único que ha presentado una relación de bienes por valor de unos 5,5 millones con los que hacer frente a esta medida cautelar. Mientras tanto, los dos exdirectores generales siguen sin pasaporte y con los movimientos limitados a España en el caso de López Abad y a la Comunidad Europea en el de Amorós.

El Sabadell rebajará a menos de 1.500 los afectados por el ERE

Los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo del Banco CAM podrían ser menos de los previstos inicialmente. Aunque en un principio la propuesta del Sabadell hablaba de la supresión de 1.751 puestos de trabajo en la entidad -sin contar los 441 que se suprimirán en las filiales- ahora el grupo catalán ha rebajado la cifra a menos de 1.500, según afirmó ayer el sindicato Sicam. La reducción sería posible, según la citada organización, gracias al traslado de personal de la entidad alicantina para cubrir las bajas que se están produciendo en el Sabadell. Sicam pide que la cifra de estos traslados aumente aún más. Por su parte, la Unidad Sindical -que agrupa a CGT, UGT, Alta y CC OO- presentó ayer su propuesta para la negociación, que incluye prejubilaciones voluntarias con cobertura hasta los 64 años y bajas voluntarias con una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. d.n. alicante