Ya son seis los imputados por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la CAM. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acaba de admitir a trámite la querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra el todavía presidente de la comisión de control de la caja alicantina, Juan Ramón Avilés, por los supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal, según confirmaron ayer fuentes jurídicas que añadieron que el también abogado murciano deberá declarar por estos hechos el próximo 4 de septiembre.
En concreto, según la citada querella Avilés habría utilizado su influencia en la entidad para conseguir hasta 17 millones de euros en créditos en condiciones ventajosas para sus empresas -algunos de los cuales se habrían ocultado al consejo de administración- y también habría percibido alrededor de 300.000 euros en dietas irregulares de una de las filiales de la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones, a lo largo de cinco años, según señalaba ayer el diario Expansión.
El expediente disciplinario que el Banco de España abrió contra casi medio centenar de exdirectivos y consejeros de Caja Mediterráneo ya recogía la mayor parte de estas supuestas anomalías, lo que provocó que Juan Ramón Avilés, denunciara por falsedad documental a los dos inspectores que firmaban el escrito. Ayer Avilés volvió a negar todas las acusaciones y calificó la nueva querella como "una represalia personal de los administradores del FROB que tendrá su respuesta adecuada en los tribunales".
"No tiene ningún fundamento, es una querella falsa", insistió el empresario, que asegura que no cobró ninguna dieta hasta que se informó a la asamblea general de la existencia de las mismas y que todos los créditos que recibieron sus sociedades eran legales y se comunicaron debidamente a los órganos de gobierno de la entidad.
Informe pericial
Sin embargo, la querella redactada por el letrado Carlos Gómez-Jara en representación del FROB, que también reclama la imposición de una fianza de 2,8 millones de euros, sostiene justo lo contrario y aporta, para reafirmarse en sus acusaciones, un informe elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Este documento señala que las cuatro promotoras en las que participan Juan Ramón Avilés o sus familiares consiguieron créditos con tipos de interés por debajo del precio de mercado, que además fueron refinanciados sin aportar garantías adicionales. También denuncia que se produjeron descubiertos en el pago de los préstamos, lo que habría obligado a Avilés a dimitir inmediatamente como presidente de la comisión de control, según establecen los estatutos de Caja Mediterráneo.
Igualmente, asegura PwC, algunos créditos no pasaron por el consejo de administración de la entidad, como habría sido preceptivo. El informe del Banco de España le acusaba de haber utilizado a su hermana como testaferro en una sociedad para evitar este trámite, aunque el empresario aseguró en su denuncia contra los inspectores del Banco de España que la operación ya había sido aprobada por el consejo con anterioridad al cambio de titularidad en las acciones.
El documento también cuestiona la utilización que realizaron las empresas del presidente de la comisión de control de varios créditos del ICO. "Por mucho que insistamos a día de hoy seguimos sin obtener ningún documento que acredite el coste de la inversión a financiar (...) ni un plan de tesorería que nos justifique la viabilidad de las mismas", aseguraba el jefe de riesgo inmobiliario de la CAM, Segundo Romero, en un correo incluido en el informe de PwC del que ayer se hacía eco el citado rotativo económico.
"A Juan Ramón le hemos refinanciado en sucesivas ocasiones, dando carencia de pago y liquidez. No puede tener quejas de nosotros ya que siempre le hemos dado solución a sus problemas financieros", apuntaba en otro correo el entonces director territorial de Murcia, Ildefonso Riquelme, que también está llamado a declarar como testigo el próximo 4 de septiembre en Madrid.
La imputación contra Avilés se suma a la causa que Gómez Bermúdez ya estaba instruyendo Control otros cinco exdirectivos de la CAM -el expresidente Modesto Crespo; el exdirector general, Roberto López Abad; su sucesora, María Dolores Amorós; y los exdirectores de Recursos, Vicente Soriano; y de Control, Teófilo Sogorb- por supuestos delitos societarios, de estafa y de apropiación indebida.
