Control férreo. El letrado Diego de Ramón, acusador particular en el procedimiento que investiga si hay responsabilidad penal en el hundimiento de la CAM por parte de sus exgestores y representante legal de medio millar de damnificados por las cuotas participativas, presentó ayer un escrito en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye esta causa en el que insta a verificar si se están cumpliendo las medidas cautelares impuestas por el juez Gómez Bermúdez a los dos últimos directores generales de la entidad: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional para Roberto López y del de la Unión Europea para María Dolores Amorós y la comparecencia de ambos cada quince días en la comisaría o el juzgado más próximos a sus domicilios.
En cuanto a la retirada de los pasaportes, De Ramón pide que se inste al juez decano de Alicante y al comisario jefe provincial para que comuniquen si los imputados han entregado el documento. El letrado insiste en que Gómez Bermúdez señaló que esta medida tenía que cumplirse en las 24 horas siguientes a haberla dictado in voce (lo que ocurrió a últimas horas del pasado jueves) aún cuando sea recurrida.
El abogado precisa que incumplir lo decidido por el magistrado sería un quebrantamiento de condena en un procedimiento el que, como ya publicó este diario en su edición del domingo, el fiscal anticorrupción ha planteado que la comercialización de la cuotas participativas se investigue como una estafa de la que la CAM sería responsable civil subsidiaria. En el citado escrito el ministerio público considera también que se falsearon las cuentas de la entidad y que, en base a ellas, se fijaron prejubilaciones que no se tendrían que haber cobrado por parte de exdirectivos, entre ellos López Abad y Vicente Soriano, ambos imputados en este proceso, que se llevaron por este concepto 5,6 y 1,7 millones respectivamente.
