La acusación popular ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que tome declaración al especialista en económicas y sociología Carlos Rosser por haber asesorado a los empleados de la CAM a la hora de vender las participaciones preferentes mediante persuasión y manipulación.
En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el abogado de la plataforma de afectados de la caja, Diego de Ramón, ha asegurado que Rosser, autor del libro "Cómo vender a clientes resistentes", asesoró a la CAM en la venta de productos de inversión en bolsa, cuotas participativas, preferentes y demás productos de inversión.
Mediante técnicas como la "intrusión en la mente del cliente, la persuasión subliminal, el traslado del lenguaje hipnótico a la venta comercial, la apelación al inconsciente o la manipulación de la mente ajena", la CAM trató de vender en el mercado minorista productos de inversión complejos, según ha apuntado en su escrito.
En consecuencia, la caja alicantina acudió al mercado minoritario utilizando métodos propios de "selección a personas con poca capacidad de entendimiento y conocimiento para poder tomar libremente" una decisión sobre sus ahorros.
El resultado de estas operaciones, que el abogado califica de "imprudencia financiera", es la ruina de numerosos clientes, fundamentalmente personas mayores, extranjeros y jóvenes "sin ningún tipo de instrucción", ha insistido.
Por otro lado, el abogado también ha pedido a la Comunidad Valenciana y a Murcia si han subvencionado con ayudas públicas los cursos de formación de los empleados de la CAM sobre la emisión de cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada.
Sobre el papel del ex director general Roberto López Abad en la caja, intervenida por el Banco de España en julio de 2011, De Ramón ha indicado que tras la ruptura del SIP -la alianza con la que la entidad se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas-, el exdirectivo siguió beneficiándose de sus condiciones retributivas y del acceso a su prejubilación, de 5,6 millones.
Asimismo, ha denunciado las operaciones con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales así como los créditos sin garantías otorgados al proyecto inmobiliario Polaris World, al constructor Enrique Ortiz, implicado por los casos Brugal y Gurtel, a Terra Mítica y a la mejicana Crédito Inmobiliario.
La Audiencia Nacional ha acordado retirar el pasaporte a los ex directivos generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad ante el posible riesgo de fuga y les ha impuesto comparecencias quincenales en los juzgados o comisarías próximos a sus domicilios.
En la causa que se sigue contra la antigua cúpula de la CAM también están imputados el expresidente de la caja, Modesto Crespo, el exdirector de Recursos, Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control de la caja Teófilo Sogorb.
