Mañana se cumple un año desde la intervención de la CAM, un aniversario que coincide con el proceso judicial que hay abierto en la Audiencia Nacional contra su anterior cúpula directiva, acusada de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida.

La CAM, ahora en manos del Banco Sabadell, fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España al ser víctima del "agujero" que había generado en sus cuentas la inversión en el "ladrillo".

En concreto, en los seis primeros meses de ese año, la CAM admitía pérdidas de 1.136 millones de euros.

Tras su intervención, el Banco de España capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones y nombró al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como su administrador provisional.

Así, desde ese momento, la que había sido años antes la cuarta mayor caja española y que contaba con más de 130 años de historia, pasaba a estar controlada por el Estado, que daba luz verde al proceso de subasta varios meses después.

De esta manera, la CAM, que incluso fue calificada por el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez como "lo peor de lo peor", fue adjudicada al Sabadell en diciembre de 2011.

El coste de su saneamiento fue asumido por la banca mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que adquirió por 5.249 millones el 100 % de la caja para venderla al banco catalán por un euro.

En medio del proceso de subasta de la caja alicantina, la Fiscalía Anticorrupción decidía investigar la gestión realizada por la exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós, ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal.

En esos días, Amorós fue sometida a un despido disciplinario tras conocerse detalles de su gestión al frente de la caja, de la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros.

Además, se acusaba a Amorós de pactar una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2 % anual desde su jubilación.

Actualmente, la Audiencia Nacional ha acordado retirar el pasaporte de Amorós y otro exdirectivo general de la CAM, Roberto López Abad, ante el posible riesgo de fuga.

En la causa contra la antigua cúpula de la CAM también están imputados el expresidente de la caja Modesto Crespo, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control de la entidad Teófilo Sogorb.

Estos cinco imputados están acusados de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y de apropiación indebida.

Ahora, un año después de su intervención, la CAM ha comenzado un proceso de liquidación y disolución que estará dirigido por el FROB y para el que se ha designado a dos interventores, Enrique Puig y Salvador Piles.

Esta era la decisión que se adoptaba en la última asamblea de la caja celebrada este mes y que abría la puerta a su desaparición tras 137 años de historia.

La CAM es independiente del Banco CAM, que es la entidad que aglutina toda la actividad financiera de la caja y que ahora está en manos del Sabadell.

Según dijo el banco catalán, la entidad alicantina estará totalmente integrada en diciembre. En este proceso y como paso "determinante" para culminar el proceso de integración, la entidad catalana ha puesto en marcha la nueva marca comercial SabadellCAM, bajo la que operará en la Comunidad Valenciana y Murcia después de la absorción del banco alicantino CAM.

El objetivo, según explicaba el vicepresidente del Sabadell CAM y consejero delegado de la entidad catalana, Jaime Guardiola, es "continuar siendo o volver a ser el banco de referencia" de la provincia de Alicante.

Según los últimos datos publicados por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), los depósitos de la clientela captados por el Banco CAM se ha incrementado, ya que han pasado de los 34.854 millones de euros registrados en abril a 36.571 millones de mayo.