12 de julio de 2012
12.07.2012

Piden bloquear las cuentas y retirar el pasaporte a la excúpula de la CAM

El representante legal del medio millar de afectados por la pérdida de valor de las cuotas participativas quiere evitar que alguno de los imputados se marche del país o dificulte la investigación

12.07.2012 | 02:00

El bloqueo de las cuentas, el embargo preventivo de sus propiedades y la retirada de los pasaportes. Estas son las tres medidas cautelares que el abogado Diego de Ramón, acusador particular y representante del medio millar de afectados por la pérdida de valor de las cuotas participativas de la CAM en el procedimiento penal abierto por la nefasta gestión de la entidad, que desembocó en su intervención por el Banco de España hace ahora un año, plantea para la excúpula directiva de la caja: los dos últimos directores generales, Roberto López y María Dolores Amorós, y el expresidente Modesto Crespo. Los tres están imputados en este caso junto a los exdirectivos Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, que el lunes prestaron declaración y para quienes ayer el acusador particular formalizó la petición de prisión preventiva eludible con el pago solidario entre los cinco de unos 12 millones de euros, cantidad en que cifra el descalabro económico sufrido por los titulares de este producto financiero.

El letrado, cuya querella, presentada en noviembre de 2011, dio pie la investigación que desde el juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha decidido pedir al juez la adopción de estas medidas ante el temor de que alguno de los tres imputados pueda obstaculizar la investigación u ocultar pruebas y la sospecha de que pudieran abandonar el país para eludir futuras responsabilidades penales que se derivaran de este proceso, según precisaron a este diario fuentes del caso.

El letrado de Murcia, quien comparte acusación particular con UPyD y la CAM a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), también personados en este causa, considera que la disponibilidad económica de los imputados induce a pensar que, en un momento dado, pudieran optar por marcharse fuera de España, posibilidad que cobra más fuerza, según el abogado, en el caso de Roberto López, cuyos continuos viajes a Inglaterra se remontan incluso a antes de la quiebra de la entidad y su intención, al menos antes del hundimiento de la CAM, de trasladarse a trabajar a aquel país era vox populi.

Pide también el letrado el bloqueo de las cuentas y el embargo preventivo de las propiedades de la cúspide de la excúpula de la entidad con el objeto de garantizar a los pequeños ahorradores que se han visto afectados por el fiasco de las cuotas participativas que recuperarán su dinero si del presente procedimiento judicial se deduce que los exdirectivos son culpables del quebranto económico causado.

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