Que los cinco imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez gracias a la querella que presentó en noviembre de 2011 sean enviados a prisión, medida que sólo podrían eludir con el pago de una cantidad cercana a los 13 millones de euros. Este es el planteamiento del letrado de Murcia Diego de Ramón a quien se le puede atribuir el logro de que un juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional esté investigando la desastrosa y presuntamente delictiva gestión de la CAM que llevó a la entidad financiera a la ruina. Eso y el mérito de que, además, estén representados ante su señoría los alrededor de 500 pequeños ahorradores que confiaron en las cuotas participativas lanzadas por la entonces principal caja de la Comunidad y que ahora luchan por recuperar su dinero.
De Ramón apoya la petición de estas medidas cautelares en las graves irregularidades en la gestión de la entidad detectadas por el Banco de España (anomalías corroboradas y aumentadas por auditorías posteriores que también serán expuestas ante Javier Gómez Bermúdez) y en la alarma social que actuaciones de este tipo provocan, máxime en la actual situación de crisis económica y de pérdida de confianza en el sistema financiero.
Para calcular la fianza a la que, de forma solidaria, deberían hacer frente los cinco imputados para eludir su ingreso en prisión, cifrada por este letrado en cerca de los 13 millones de euros (cantidad que podría aumentar de adherirse a la causa más perjudicados por las cuotas participativas, lo que estima como bastante probable), el letrado ha sumado el total de las indemnizaciones a las que, en caso de que este procedimiento acabara con una sentencia condenatoria, tendrían que hacer frente los imputados para que todos aquellos ahorradores que se decantaron por este producto financiero pudieran recuperar su dinero.
De momento, y tras la declaración de los dos primeros imputados ayer, la Fiscalía Anticorrupción no ha socilitado medida cautelar alguna.
