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La competencia feroz que durante años mantuvieron CAM y Bancaja en la Comunidad Valenciana se trasladó también al otro lado del Atlántico cuando ambas entidades intentaron aprovechar el auge del sector inmobiliario en México y el Caribe y deseaban para ello al mismo compañero de viaje: el Grupo Mar Confort del empresario Juan Ferri y su socio José Baldo Llorens. Esta lucha entre las dos cajas de la autonomía aparece reflejada en el informe de la consultora Deloitte que el FROB encargó para esclarecer las supuestas irregularidades cometidas por la entidad en sus inversiones en América a través de la sociedad Valfensal, en la que CAM participaba junto al citado grupo.
En uno de los correos electrónicos recuperados por los investigadores de la firma, correspondiente a diciembre de 2006, el entonces director general de la caja alicantina, Roberto López Abad, relataba a su hombre de confianza Daniel Gil la discusión que había mantenido con Ferri al enterarse de que había escogido a Bancaja para comprar unos terrenos en "los Cabos (...) lo cual prácticamente nos descarta como socios para futuras operaciones", se lamentaba. Al parecer, el empresario prefería operar con la CAM cuando se trataba de operaciones vinculadas al sector hotelero y se inclinaba más por la entidad valenciana cuando se trataba de proyecto inmobiliarios.
Aunque no se explica en el informe, el proyecto en cuestión era la adquisición de hasta 1.200 hectáreas de terreno en la región de Baja California para construir un gran complejo de lujo encuadrado dentro del Plan Maestro Grand Coral en el municipio de Los Cabos que, a día de hoy, seis años después, aún no ha empezado a construirse.
"Nos ha ido manejando"
El enfado de los directivos de la CAM por quedar excluidos del negocio queda patente en la respuesta de Gil a López Abad en la que se queja de que los habían utilizado: "Estábamos muy al principio y sabíamos muy poco. Nos ha ido manejando con diferentes posibilidades del proyecto para, al final, nada", asegura en su mensaje el ejecutivo.
Ferri trató de calmar los ánimos proponiendo la creación de una nueva sociedad hotelera junto a una firma canadiense y otra compañía para realizar operaciones de "broqueraje inmobiliario". Es decir, para especular con propiedades que, al parecer, era lo que quería el director general de CAM, como queda claro en otro correo en el que afirma que la mejor habilidad de Ferri es "la compra de suelo y la obtención de plusvalías en la transmisión". Como ha relatado INFORMACIÓN esta semana, Roberto López Abad no dudó en aprobar proyectos contra el criterio de la comisión de riesgos de la CAM, en modificar los proyectos originales o en pagar comisiones en paraísos fiscales para mantener su colaboración con el empresario.
En cualquier caso, la caja alicantina no renunció a invertir en Baja California y más tarde compraría grandes extensiones de terreno muy cerca de las de Bancaja, en Cabo Cortés, de la mano de la firma Hansa Urbana. Un proyecto que ha generado una gran polémica en México por estar situado junto a una reserva natural de gran valor ecológico y para el que ahora el Sabadell está buscando compradores.
Pero el Grupo Mar Confort no es el único socio común que las dos cajas de la Comunidad han tenido en común en sus negocios inmobiliarios. Las dos financiaron también generosamente al Grupo Polaris World o a la catalana Sacresa, entre otros muchos.
paraísos fiscales
KPMG alertó de la falta de transparencia del Grupo Valfensal
La consultora KPMG advirtió en diversas ocasiones a los directivos de la CAM sobre la falta de transparencia de algunas de las sociedades vinculadas al Grupo Valfensal, entre ellas la firma Jacksonport, radicada en las Antillas Holandesas, y que fue utilizada para pagar comisiones en paraísos fiscales de hasta ocho millones de euros. El problema era que sin la información de Jacksonport no podía cerrarse el balance consolidado de Valfensal, y sin éste último tampoco se podían dar por buenas las cuentas de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la filial que utilizó la CAM para adquirir su participación del 30% en el grupo. A pesar de los requerimientos de lo directivos de la entidad, que querían evitar a toda costa una salvedad en el informe de auditoría de la entidad, Juan Ferri se negó a poner en orden en la sociedad antillana advirtiendo de que "podría hasta ir a la cárcel" si lo hacía. La discusión se repitió durante varios años, según aparece en el informe realizado por Deloitte para los administradores del FROB.
