Uno de los tres administradores de Caja Mediterráneo (CAM), José Antonio Iturriaga, ha dicho hoy en el juicio por el despido de la exdirectora general María Dolores Amorós que la gestión de ésta en la entidad es propia de la "vía penal".
Según ha expuesto, existen documentos, soportes informáticos y correos electrónicos cruzados entre diferentes actores de CAM que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.
Iturriaga, inspector del Banco de España en excedencia, fue nombrado administrador de la entidad alicantina junto a otras dos personas más por la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a raíz de la intervención de CAM.
En calidad de testigo, ha señalado que la situación patrimonial de la entidad alicantina era "muy distinta" a la que dibujaba la dirección.
Algunos de los primeros indicios que condujeron al Banco de España a pensar que la situación "no era tan buena" surgieron tras analizar las retribuciones establecidas en los fondos de pensiones asignados a los ejecutivos que abandonaban la entidad.
"Eran muy superiores" a la media de otras entidades, ha añadido Iturriaga, quien no ha detallado qué posibles implicaciones o derivaciones conllevaban tales retribuciones.
Sobre este mismo aspecto se ha referido el exdirector general de Recursos Humanos de CAM Vicente Soriano, quien, también en calidad de testigo, ha apuntado que el sistema de pensiones y de adicionales a las mismas y las bases de cálculo para éstas se establecieron en 2007.
