Fue todo un atracón de ladrillo. La CAM, Bancaja (incluida su filial, el Banco de Valencia) y el Banco Popular tuvieron que "comerse" nade menos que 1.170 millones de euros en activos inmobiliarios -muchos de ellos terrenos sin urbanizar- cuando la conocida promotora Polaris World tuvo que reestructurarse ante el hundimiento del mercado de la vivienda. El grupo murciano, un auténtico icono de los años del boom de la construcción, supuso la mayor inversión inmobiliaria realizada por la caja alicantina y todo un ejemplo de la desastrosa gestión de sus anteriores responsables, según se afirma en el informe que acompaña al expediente abierto por el Banco de España contra 49 ejecutivos y consejeros de la entidad.

En dicho documento, tal y como avanzó INFORMACIÓN el pasado viernes, se ponen de manifiesto las supuestas irregularidades cometidas bajo los mandatos de los exdirectores generales de la caja, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre las que destacarían la concesión de créditos sin el debido control de riesgos para beneficiar a algunos socios de la entidad, o el uso de artimañas legales para ocultar el aumento de la morosidad y, por tanto, las pérdidas. Buena parte de las operaciones concretas señaladas con el dedo por el supervisor, de las que también dio cuenta este diario el pasado sábado, se realizaron a través de la filial de la CAM denominada Tenedora de Inversiones y Participaciones S.L., pero la magnitud de lo ocurrido con Polaris World le ha valido su propio capítulo dentro del informe.

Tras llegar a convertirse en uno de los grupos inmobiliarios más importantes del país, gracias a sus agresivas campañas publicitarias en todas las televisiones nacionales y a su red de 22 oficinas y más de 5.000 agentes de venta, a finales de 2008 la situación de Polaris se hizo insostenible y la entrega de activos a cambio de la condonación de deuda se vio como la única salida posible. Cuando las entidades que financiaban a la promotora vieron la que se les avecinaba y el impacto que podían tener todos aquellos terrenos y viviendas sobre sus balances, decidieron crear una sociedad "instrumental", Inversiones en Resorts Mediterráneos. S.L. (IRM), que se dedicó a adquirir los citados activos para que el grupo pudiera cancelar los préstamos. Cada entidad tomó una participación en función del dinero que les debía Polaris y a la CAM le correspondió el 29,49%, según el Banco de España. En total, tras varias operaciones, en junio de 2010 el volumen de los activos asumidos por la nueva mercantil ascendía a 1.170 millones de euros, según las citadas fuentes.

Sin embargo, este traspaso de propiedades y la consiguiente cancelación de deuda no bastaron para que Polaris encontrara la viabilidad y la CAM y sus socios, a través de IRM, continuaron engullendo nuevos activos. Así, el informe refleja que en mayo de 2011 se produjo un nuevo intercambio que permitió a la promotora murciana dejar de pagar un préstamo de 22 millones a cambio de entregar activos que estaban tasados en "sólo 15 millones de euros" y, además, eran "ilíquidos". Asimismo, los inspectores del Banco de España ponen de relieve el carácter especialmente arriesgado que suponía el modelo de negocio de Polaris dentro del sector de la contrucción. Éste se basa, según su propia descripción, en "la adquisición masiva de suelo rústico, fuera de los núcleos urbanos y concentrados en una zona geográfica sin anteriores desarrollos urbanísticos para realizar todas las fases del proceso inmobiliario de segundas residencias". Con estos preceptos, aclara el supervisor "la aportación de capital del promotor debe ser máxima y el control de las disposiciones de los préstamos por el financiador exhaustiva". Ninguno de estas condiciones se cumplió con la CAM. Para empezar, porque el riesgo asumido por los propietarios de Polaris -con su máximo accionista, Pedro García Meroño, a la cabeza- era en realidad mínimo y en algunos momentos el capital aportado apenas equivalía al 1,46% de los activos del grupo. El resto se financió con deuda. Uno de esos momentos fue en diciembre de 2006, cuando los propietarios del grupo promotor se repartieron 84 millones de euros en dividendos y dejaron reducido a sólo 20 millones el patrimonio de la compañía. Ante esta situación, algunas entidades financieras exigieron una recapitalización. Para ello, en vez de devolver los dividendos, los accionistas solicitaron un préstamo participativo de 60 millones.

La CAM concedió a García Meroño un crédito personal de nueve millones para financiar su parte en dicha recapitalización y, "de la documentación aportada por la entidad, no se desprende que se realizara ningún análisis del riesgo incurrido". La consecuencia fue que la caja alicantina acabó tiempo después aceptando en pago por dicho préstamo otras 315 viviendas. En esta misma línea de deficiencias, el informe critica la total falta de control en las disposiciones de financiación de promociones "puesto que los inspectores comprobaron que se atendía a la demanda de fondos sin comprobación de su destino, sin aportar certificaciones de obra ni llevar a cabo otras formas de seguimiento". También se ha detectado que una parte significativa de la financiación al consorcio murciano se realizaba eran préstamos personales cuya concesión original se había justificado bajo el concepto genérico de "necesidades de liquidez del grupo".

Lo intentaron con Paramount

Entre los activos asumidos por IRM hay promociones en curso, campos de golf y, sobre todo, hectáreas y hectáreas de terrenos sin urbanizar. La CAM y sus socios en este desastroso negocio estuvieron a punto de tener un gran golpe de suerte cuando la multinacional Paramount anunció la construcción de un parque temático en Murcia y se barajaron sus propiedades como posible ubicación del complejo. Al final, sin embargo, fue otra promotora murciana, Intersa, la que consiguió el negocio al ofrecer unos terrenos mejor ubicados, sobre todo de cara a futuras ampliaciones del recinto y sus anexos.

Como era de esperar, las cuentas de IRM arrojan cuantiosas pérdidas ya que apenas registra ventas. En concreto, en su primer año de funcionamiento la sociedad propiedad de CAM, Bancaja, Banco de Valencia y Banco Popular perdió 93,5 millones de euros, según los balances depositados en el Registro Mercantil.