La portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, aseguró ayer que el Consell no aplicará el Impuesto sobre el Patrimonio por considerarlo una medida "ineficaz para la reactivación económica", pero está estudiando "otras medidas impositivas". Sin embargo, Johnson no precisó qué tipo de tributos podrían modificar su aplicación actual ni en qué sentido, aunque recordó que el programa del PP para las elecciones generales apuesta por la bajada de impuestos.

La portavoz del Consell contrapuso esta medida, que a su juicio permite "reactivar la economía" porque favorece el consumo, a la aplicación del Impuesto sobre el Patrimonio, que "no ayudará a la reactivación económica".

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la reactivación de este tributo -congelado durante los últimos tres años- que pagarán aquellos ciudadanos con una fortuna superior a los 700.000 euros. La medida permitirá recaudar unos 1.080 millones adicionales en todo el país y su recaudación depende de las comunidades autónomas.

Al respecto, en el caso de la Comunidad Valenciana, su aplicación supondría un ingreso para las arcas públicas de 109 millones de euros, de los que 32 millones se recaudarían en la provincia de Alicante, donde deberían volver a tributar por este concepto unos 6.000 ciudadanos.

Ante la negativa de algunas autonomías a recuperar este impuesto, el portavoz del Gobierno, José Blanco, advirtió que no se compensará a aquellos territorios que voluntariamente decidan "boicotear" el tributo. Desde que se congeló, los ejecutivos regionales venían recibiendo una compensación que ahora desaparecerá.

Para Blanco, en tiempos de crisis es más justo pedir un esfuerzo a quienes más tienen antes que recortar los recursos destinados a la educación pública, como van a hacer algunas autonomías.

Aún así, la portavoz del Consell insistió en que no aplicarán el Impuesto sobre el Patrimonio, -en la medida en que se lo permita la ley, aclaró- porque "ha dado pésimos resultados" y "acaba penalizando a los ahorradores", y avanzó que por ello el Consell trabajará en "otras líneas impositivas". "Se revisarán otros tributos y posibilidades", sin que ello implique "subir los impuestos", subrayó.

Sindicatos y empresarios

Como era de esperar, la reactivación del impuesto tuvo diferente acogida entre los sindicatos y los empresarios. Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, supone "un bandazo" del Gobierno, pero "corrige un error". "Es un paso en una dirección en la que se debería avanzar más", afirmó. Al respecto, el sindicato propone también cambios en el Impuesto de Sociedades y un nuevo tributo para financiar la sanidad. Por su parte, el vicepresidente de CEOE Arturo Fernández, considera que se trata de una "medida electoralista" y aseguró que afectará principalmente a la clase media. "Es pan para hoy y hambre para mañana", dijo.