­Los sindicatos consideran que el despido disciplinario de la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, «tenía que haberse producido antes» cuando en agosto se le suspendió de empleo pero no de sueldo y consideran que supone «un primer paso en la depuración de más responsabilidades si ha habido malas prácticas bancarias, como veníamos exigiendo a los interventores designados por el FROB», según subrayaron Jorge Casillas y Federico Pastor, dos de los representantes de CC OO y UGT en la entidad, respectivamente.

Los sindicalistas inciden en que de la apertura del expediente pueden derivarse actuaciones similares «hacia otros directivos de la caja, ya sea entre los que todavía forman parte del organigrama de dirección como de los que ya están fuera», añadían, haciendo alusión, especialmente, al exdirector general Roberto López, aunque sin citarlo. Por su parte, el sindicato con representación mayoritaria en la entidad, Sicam, cree necesario esperar al final del expediente, pero sí reiteró que la actual situación que vive la CAM «crea inquietud y malestar entre los trabajadores y daña la imagen de la entidad», según Manuel Navarro, secretario general de Sicam.

No obstante, los representantes de las centrales advirtieron de que Amorós tiene derecho a presentar recurso «y será el juez quien, finalmente, determine la improcedencia o no del despido y, por lo tanto, si tiene derecho a la indemnización», añadieron.

Los sindicatos fueron informados ayer de la resolución del expediente disciplinario «por falta grave». CC OO, por su parte, insiste en que esta decisión «debía de haberse tomado de forma inmediata cuando a mitad de agosto la suspendieron de empleo, pero no de sueldo, ya que desde entonces hasta hoy ha estado cobrando de la entidad», indicó Jorge Casillas.

Este sindicato subraya, además, que en su día ya se opuso en la asamblea a ratificar su nombramiento como directora general «porque suponía una continuidad con la política del anterior primer ejecutivo –Roberto López–» y también recordó que CC OO pidió este verano la depuración de responsabilidades.

UGT incidió en que el despido supone que «una de las funciones que tenía encomendadas el FROB desde que se hizo cargo de la gestión de la caja ya están dando sus frutos», mientras que Sicam se muestra «expectante por saber todo lo que hay, finalmente». El FROB también abrió expediente a la secretaria de Amorós por filtrarle información después de su suspensión de empleo , medida sobre la que los sindicatos aseguran no haber recibido comunicación por parte de los interventores.