El Consejo de Repsol ha aprobado hoy una batería de medidas para neutralizar el pacto con el que dos de sus accionistas, la constructora Sacyr (20 %) y la petrolera mexicana Pemex (9,4 %), quieren aumentar su influencia en la gestión de la petrolera que preside Antonio Brufau.

Los dos accionistas han reaccionado con una oposición frontal y han anunciado su intención de impugnar los acuerdos del máximo órgano de Repsol e iniciar una batalla legal si lo consideran necesario.

El Consejo de hoy era el primero desde que Sacyr y Pemex anunciaran su alianza y se ha saldado con un apoyo mayoritario a la gestión de Antonio Brufau y su equipo, y una serie de modificaciones que dificultan la permanencia en el máximo órgano de la petrolera de ambos accionistas.

Con el respaldo de los independientes (9) y de los consejeros de La Caixa (2), el Consejo de Repsol ha acordado además instar a Sacyr y Pemex a dejar sin efecto su pacto.

El representante de Pemex, el propio director general de la compañía, Juan José Suárez, y dos de los tres consejeros de Sacyr se han opuesto a la mayoría de los acuerdos, mientras que el tercer consejero de la constructora, Juan Abelló, ha escenificado sus discrepancias sobre la operación abandonado la reunión antes de que acabara, según fuentes cercanas al Consejo.

En un comunicado conjunto, Sacyr y Pemex han anunciado que impugnarán algunos de los acuerdos alcanzados hoy en un Consejo en el que se ha pretendido "quitarles sus derechos" y donde se les ha negado la información más elemental por un "inexistente conflicto de intereses".

Este supuesto conflicto de intereses es la base de la mayoría de los acuerdos adoptados hoy por Repsol.

La medida con mayores consecuencias sobre el pacto de Sacyr y Pemex y su situación dentro de Repsol son los cambios en el Reglamento del Consejo.

El máximo órgano de Repsol ha modificado, "con carácter de urgencia", sustancialmente los artículos que hacen referencia a la obligación de no competencia de sus miembros y a las operaciones vinculadas, las que se realizan con consejeros o accionistas significativos, y ha blindado la nueva redacción, ya que un nuevo cambio requerirá el voto de tres cuartos del Consejo.

A partir de ahora, para que un consejero pueda dedicarse a actividades que constituyan competencia con Repsol, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones deberá emitir un informe que valide que no se causará daño a la sociedad y la Junta deberá acordar expresamente la dispensa de competencia, sin contabilizar el voto del interesado.

Además, la nueva redacción estipula que cuando se de una situación de competencia no autorizada en los miembros del Consejo, los afectados deberán dimitir.

En el caso de las operaciones vinculadas que afecten a activos estratégicos, impliquen transferencia de tecnología o busquen alianzas estratégicas están sujetas al mismo procedimiento de autorización.

Estos cambios se complementan con otras medidas como estudiar una reforma del gobierno corporativo para reforzar la protección en casos de conflictos de interés y pedir a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones un análisis jurídico de la situación de competencia y el conflicto de interés permanente que pudiera derivarse del pacto Sacyr-Pemex.

Por último, se ha encargado a los consejeros independientes un análisis de los "riesgos, daños y perjuicios" que pueda ocasionar a la petrolera el acuerdo.

La reunión del Consejo de hoy se ha realizado sin saber si la Comisión Nacional de Energía (CNE) decidirá pronunciarse sobre la operación, tal y como le ha solicitado la propia Repsol, su participada Gas Natural y los accionistas minoritarios de Aemec.

Para Repsol, el organismo debería analizar el pacto en aplicación de la función 14, que obliga a pedir autorización cuando sociedades no comunitarias adquieran participaciones superiores al 20 %, o inferiores si dan influencia significativa, en empresas que directamente, o a través de otras de sus grupos, desarrollen actividades reguladas.