Casi 6.000 alicantinos deberán volver a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, según los cálculos del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). El Gobierno tiene previsto reactivar hoy este tributo, que finalmente gravará a todos aquellos que acumulen bienes por un importe superior a los 700.000 euros, según explicó ayer, bolígrafo en mano, la vicepresidenta Elena Salgado.

Estarán sujetos a gravamen inmuebles, vehículos, depósitos y cuentas corrientes, acciones y fondos de inversión, deuda pública o seguros de vida, entre otras cosas, si bien la vivienda habitual -principal capital de muchos españoles- tributará sólo a partir de los 300.000 euros, lo que supone doblar el mínimo exento que existía anteriormente. También forman parte del patrimonio las rentas temporales y vitalicias, joyas, pieles, algunos objetos de arte y antigüedades, y los derechos de propiedad intelectual o industrial.

En toda España serán unos 160.000 los contribuyentes afectados, de los que 19.000 residen en la Comunidad Valenciana y 6.000 de ellos en Alicante. La cuota media en la provincia sería de unos 5.500 euros, según Gestha, aunque la cifra está distorsionada por los 60 contribuyentes que, según este sindicato, pagarán alrededor de 120.000 euros anuales al poseer un patrimonio superior a los 10 millones de euros.

El Consejo de Ministros de mañana reactivará este tributo con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012 a través de un decreto ley que no modificará la estructura del impuesto, que en la práctica había desaparecido puesto que llevaba tres ejercicios bonificado a cien por cien.

En manos de las comunidades

Su gestión y recaudación seguirá dependiendo de las comunidades autónomas, que conservan la facultad para adaptarlo a su conveniencia e incluso para mantenerlo bonificado, como es la intención de Murcia o de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la Generalitat todavía no ha tomado una decisión en firme mientras no conozca la letra pequeña, según señaló ayer el conseller de Hacienda, José Manuel Vela.

El Ejecutivo calcula que si se aplicara por igual en toda España los ingresos llegarían a 1.080 millones de euros anuales, que se recaudarían en 2012 y 2013 con cargo a los ejercicios anteriores.

La vicepresidenta, Elena Salgado, justificó la decisión de reavivar transitoriamente este gravamen en la crisis económica, así como en la necesidad de apuntalar al cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público asumidos por España. Sobre su carácter temporal aseguró que si el PSOE sigue gobernando tras las elecciones generales del 20-N, creará un nuevo impuesto sobre la riqueza, como ya ha anunciado el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que podría tener un carácter distinto al actual gravamen sobre el patrimonio.

De momento, los propios diputados empezaron ayer a echar cuentas para saber si tendrán que pagar el impuesto. La propia Salgado, preguntada por una periodista, señaló que no le afectará. El portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, tampoco deberá pagar. "Mis bienes son más del banco que míos", bromeó.

Tampoco se mostraron preocupados el portavoz del PNV, Josu Erkoreka; ni el de Esquerra Republicana, Joan Tardá. De todos los interrogados por los informadores el más escueto y contundente de todo fue el veterano diputado socialista y ex presidente Alfonso Guerra q ue "ni muerto" tendrá que tributar.

Rajoy tacha la medida de electoralista

El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que la recuperación del Impuesto de Patrimonio "no tiene ningún sentido", porque penaliza el ahorro, y puso en duda la "justicia social" de esta medida. Aunque Rajoy no especificó si dejará sin efecto esta decisión en caso de que gobierne, el líder del PP recordó que el propio Gobierno socialista dijo cuando lo eliminó que era un impuesto "obsoleto, absurdo y ridículo". Durante una conferencia, opinó que su reactivación ahora se debe a "por razones puramente electorales". El líder del PP también avanzó que estudia "modificar la fiscalidad de los beneficios no distribuidos" por las empresas para reducir la tributación de las ganancias que se dediquen a hacer más competitivas las empresas. efe/ep barcelona