El Gobierno sacará hoy adelante la reforma laboral que avala, entre otras medidas, el contrato de formación para jóvenes de hasta 30 años, así como la eliminación del requisito de hacer fijo al personal que encadene diferentes contratos temporales, que el propio Ejecutivo aprobó el pasado año 2006. Un visto bueno que se sellará en el Congreso gracias a la abstención anunciada por el propio Partido Popular (PP).
El pleno de la Cámara Baja someterá así a votación el decreto respaldado el pasado 26 de agosto por el Consejo de Ministros en el que se recogían diferentes propuestas de carácter urgente destinadas a la "promoción del empleo entre los jóvenes y el fomento de la estabilidad" de los puestos de trabajo. Diversas actuaciones que, pese a los lemas con los que se impulsaron, llegan hoy al Congreso marcadas por las críticas que ven en su puesta en marcha una puerta abierta a la temporalidad en las relaciones contractuales.
La nueva reforma pone el acento en apartados como la sucesión de contratos temporales que acumule un trabajador, al suprimir la obligatoriedad de hacer fijo al empleado después de encadenar hasta cuatro contratos. Una medida que firma ahora su desaparición dando paso a la ausencia de límites, bajo la premisa defendida a finales de agosto por el mismo Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, de primar un empleo aunque sea "temporal" a una persona en situación de "paro".
Pese al mar de fondo que ha generado la reforma, los populares se abstendrán finalmente hoy en las votaciones, a pesar de calificar el decreto de un mal marco de actuación "que conducirá a la precarización del empleo".
Los dirigentes del PP, ayer mismo la propia portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, incidían en que la norma no "será positiva" y justificó que la abstención responde al hecho de impedir que el Gobierno tenga que "hacer concesiones" a los nacionalistas- en concreto a las pretensiones de CiU- para poder sacar la iniciativa adelante. Este paso responde a la llamada que el titular de Trabajo realizó el pasado fin de semana al PP para solicitar al partido su apoyo al decreto advirtiéndole de que la ausencia de este gesto obligaría al Gobierno a abrir la mano a las exigencias de los nacionalistas dando prioridad a los convenios autonómicos.
Por su parte, Valeriano Gómez calentó ayer aún más los ánimos al advertir de que "nunca ha habido en la historia laboral de España un contrato de formación mejor que el aprobado por el Consejo de Ministros en agosto". Unas declaraciones que el titular de Trabajo realizó en respuesta a las críticas del diputado del PNV Emilio Olabarría, en el pleno del Congreso.
De esta forma, el parlamentario señaló que el decreto ley que se convalidará hoy "tiene el peligro de que bajo la cobertura precaria del contrato de formación puedan encubrirse, trabajos de otra naturaleza".
En su turno de réplica, el ministro reconoció que el fraude en estos contratos se produce en "casos puntuales", como ocurre en otro tipo de relaciones laborales, pero puntualizó que la Inspección de Trabajo "actúa de forma intensa en este ámbito".
Al respecto, Gómez explicó que hasta el pasado 12 de septiembre se habían controlado 168.000 contratos y que se habían producido 14.000 actuaciones derivadas de ellos. Además, recordó que en 2010 se hicieron 265.000 revisiones de contratos y 21.000 actuaciones. En esta misma línea, subrayó que el Gobierno "no ha eliminado ni uno solo de los derechos sociales derivados del contrato de formación".
Por su parte, el sindicato Intersindical Valenciana arremetió ayer contra el apoyo del PSOE y del PP a una reforma laboral"que protege al empresario en lugar del trabajador, que se ve "perjudicado por la precariedad y el abuso de la temporalidad laboral".
Más de 170 millones en despidos hasta 2013
El Gobierno avanzó ayer que el Fondo de Garantía Social (Fogasa) subvencionará con 170 millones de euros un total de 186.551 despidos, tanto procedente como improcedentes, hasta el 31 de diciembre de 2013, cuando el organismo público dejará de asumir ocho días de la indemnización por despido. La memoria económica del Real Decreto-Ley con las últimas medidas laborales elaborada por el Ministerio de Trabajo recalca que la prórroga hasta 2013 tendrá un coste de algo más de 15 millones, pues a partir del 1 de enero de 2012 se bonificarán exclusivamente los ceses objetivos procedentes. Para 2012, el coste ascendería a 74,4 millones de euros para 98.932 despidos previstos. De los contratos que se rescindan en 2013, el Fogasa asumiría unos 80,9 millones de euros de 68.119 despidos. E.P.
