Los sindicatos con representación en la CAM y algunos de los consejeros generales de la caja quieren forzar la convocatoria de una asamblea para que los nuevos gestores nombrados por el FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) den explicaciones sobre su actuación y también sobre sus planes para la entidad. En el caso de los representantes del personal, denuncian que los nuevos responsables de la caja llevan más de un mes sin informarles de nada y consideran que algunas de sus últimas decisiones -como su negativa a amortizar las cuotas participativas o el rigor utilizado para clasificar los créditos morosos que ha disparado las pérdidas- están hundiendo el valor de la entidad.

Del mismo modo, los portavoces de la plantilla enviarán hoy un escrito al Banco de España solicitando una reunión con su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para reclamar garantías para el empleo y la Obra Social, y no descartan realizar una concentración de protesta en Madrid, que se sumaría a las previstas en Valencia (26 de septiembre) y Murcia (aplazada al 4 de octubre).

Tras la multitudinaria manifestación del pasado día 5, los delegados de Sicam, UGT, CC OO, Alta y Sindicato Vietnamita -todas las organizaciones con representación en la CAM a excepción de la CGT, que organiza sus propias protestas- volvieron a reunirse ayer para analizar la situación de la entidad después de que se conocieran las cuentas del primer semestre, que arrojan unas pérdidas de 1.136 millones y una morosidad del 19%.

Los sindicatos creen que se han exagerado las pérdidas para reducir el precio de cara a su subasta y que ninguna entidad habría superado el examen si se le aplicaran los mismos criterios utilizados en la caja alicantina. Igualmente, quieren conocer cuáles van a ser las directrices en el proceso de adjudicación de la caja. Por eso, y ante la falta de respuesta de los administradores a sus peticiones de información, reclamarán la convocatoria de la asamblea general que, al contrario que el consejo de administración destituido el pasado mes de julio, mantiene sus atribuciones.

Precisamente, la asamblea debía reunirse el próximo viernes para aprobar la amortización de las cuotas participativas, pero los delegados del FROB decidieron suspender la operación de recompra de los títulos -otra de las críticas de los sindicatos- y también el cónclave. Ahora, los representantes de la plantilla deberán conseguir que al menos un tercio de los 180 consejeros de la entidad firmen solicitando la convocatoria de una nueva reunión.

"Creemos que los gestores deben dar explicaciones al que todavía es el máximo órgano de gobierno de la entidad", asegura Isidro Grao, de CC OO. "Tienen que rendir cuentas y justificar algunas decisiones porque a veces parece que quieran hundir la entidad más que salvarla", apunta, por su parte, el secretario general de Sicam, Manuel Navarro, quien confía en reunir el suficiente número de apoyos.

En este sentido, fuentes de UGT señalaron que algunos consejeros -entre los que podrían encontrarse varios ex vicepresidentes de la caja- ya se están organizando por su cuenta para reunir las firmas necesarias con el mismo objetivo. De hecho, el citado sindicato ya tiene en su poder algunas de ellas.

A este respecto, uno de los citados consejeros, consultado por este diario señaló ayer que la indignación entre muchos de los miembros de la asamblea "es cada vez mayor" ya que consideran que no se está tratando "de forma justa a la entidad".

Traslados "indiscriminados"

Por su parte, CGT denunció ayer que la entidad está utilizando los traslados debidos al cierre de oficinas para forzar algunos despidos. Así, según el sindicato, a numerosos trabajadores se les están proponiendo cambios de Sevilla a Cataluña o de Canarias a Alicante, en vez de otras oficinas más cercanas, con la calle como única alternativa a esta propuesta.