12 de septiembre de 2011
12.09.2011

El Gobierno defenderá contratos de formación para mayores de 30 años

El Senado debatirá esta semana la propuesta en los casos en que los trabajos vayan ligados a políticas activas

12.09.2011 | 02:00
Operario en una fábrica.

El Pleno del Senado debatirá esta semana al proyecto de ley para la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General, un trámite que el Gobierno quiere aprovechar para establecer que los límites de edad y duración establecidos en el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje "no sean de aplicación" en aquellos suscritos en el marco de políticas activas de empleo dirigidas "a la cualificación o inserción laboral".
El Ejecutivo ha presentado a través del grupo socialista una enmienda que plantea que los topes de edad de entre 16 y 25 años, y hasta 30 años de manera transitoria hasta 31 de diciembre de 2013, no se tengan en cuenta cuando el contrato se enmarque en "acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir formación o experiencia profesional".
Lo mismo sucedería con el límite de duración mínima de un año y de dos como máximo para el contrato. La propuesta modifica sustancialmente el rango de aplicación de un decreto ley que, aunque se aprobó el pasado 26 de agosto y ya está en vigor, todavía debe ser convalidado por el Congreso.
Además, el Gobierno quiere que aquellos proyectos de empleo-formación promovidos por las comunidades autónomas, que sean aprobados o estén pendientes de aprobación en base a convocatorias efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo decreto ley de medidas laborales, se puedan beneficiar de sus condiciones.

Fondo de reserva
Por otro lado, las enmiendas socialistas plantean dar entrada a las comunidades autónomas en el comité de Gestión del Fondo de políticas de empleo, a través de un representante "con voz y sin voto". El decreto de reforma de políticas activas de empleo aprobado el pasado mes de febrero incluía la constitución de un Fondo de Reserva de políticas activas de empleo para atender a las necesidades futuras de financiación en la ejecución de las políticas activas de empleo.

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