Con la llegada del mes de septiembre, las Cortes Valencianas vuelven a su actividad pero, al menos por ahora, la situación de CajaMediterráneo (CAM) -la entidad de ahorro alicantina intervenida por el Banco de España a finales de julio y en la que se han destapado pérdidas por valor de 1.136 millones durante los primeros seis meses del año- no aparece en la agenda del hemiciclo autonómico. El PP, de hecho, ya ha rechazado la petición socialista para que el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, acuda a las Cortes a debatir sobre la crisis de la entidad de ahorro. Y, al tiempo, mantiene en el limbo la solicitud para poner en marcha una comisión de investigación -registrada por EU primero y por el PSPV más tarde- además de una petición de Compromís para forzar la comparecencia de los administradores judiciales que relevaron al consejo de la caja.
La Mesa de las Cortes -máximo órgano de gobierno del parlamento- y la Junta de Síndics se reunieron ayer para perfilar el calendario parlamentario hasta Navidad. Al menos de momento la crisis de la CAM -un instrumento financiero esencial para Alicante- no es noticia para el PP que, además, dispara por elevación y apunta al Banco de España como el organismo que debe aclarar las cuentas de la caja. A la negativa a una comparecencia del titular de Economía, responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), entidad con competencias sobre el control de la caja alicantina; se suma la decisión de dilatar -hasta primeros de octubre, como pronto- el debate sobre la creación de una comisión de investigación en las Cortes, iniciativa compartida por EU y el PSPV. También está guardada en un cajón la petición de Compromís para que comparezcan los administradores judiciales, ahora al mando de la caja.
Al finalizar la Junta de Síndics, los portavoces parlamentarios polemizaron sobre la crisis de la CAM apenas 24 horas después de conocerse que la entidad de ahorro alicantina, durante la primera mitad de 2011, perdió 1.136 millones y su morosidad se disparó por encima del 19%. El PSPV emplazó al Consell a informar con "urgencia" de todas sus actuaciones relacionadas con la entidad, mientras que, por su parte, Compromís reclamó a la Generalitat que "se persone en un eventual proceso judicial para perseguir penalmente a los directivos" de la caja responsables de la quiebra. El socialista Jorge Alarte aseguró que el responsable político de la situación de CAM es el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El líder del PSPV reclamó al Gobierno valenciano que informe con urgencia de todas las actuaciones, informes emitidos y autorizaciones cursadas en los últimos años sobre la entidad. Además, en un comunicado, el PSPV dice querer saber "de manera pormenorizada" los proyectos del Consell y de los organismos públicos en los que ha participado la CAM con su financiación, así como en qué condiciones se encuentran, cómo fueron concedidos y cuántos se han modificado. "Queremos saber cuántas decisiones de la caja han sido impuestas utilizando el rodillo del Partido Popular y su mayoría excluyente en el consejo de administración", apuntó el síndic socialista en las Cortes Valencianas.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, anunció su intención de reclamar a la Generalitat que se "persone" para "perseguir penalmente a los directivos de CAM" que han llevado a la caja a la quiebra técnica y, dijo, para que" den una explicación de lo que han hecho y de por qué han arruinado la entidad". "Aquí se ha robado a mansalva. Se han saqueado las arcas públicas", clamó Morera que, además, insistió en que se utilice la deuda histórica para devolver a los valencianos una CAM "saneada" que pueda utilizarse para ayudar a la economía productiva y al tejido empresarial valenciano. "Debe perseguirse a los que han consentido esa actuación en la caja", aseveró el diputado.
En la réplica, el popular Rafael Blasco admitió que la situación de la CAM es "preocupante", aunque reivindicó que es una institución financiera vinculada a la Comunidad que está funcionando "en términos prácticos de una forma correcta en estos momentos" y trabaja con "absoluta normalidad". Blasco, incluso, recordó que, a día de hoy, el control de la caja es del Banco de España, al que remitió para dar explicaciones.
