España, como en todas las convulsiones históricas, ha vuelto a romperse en dos: la gran fractura nacional la protagonizan hoy los defensores del equilibrio presupuestario y los abanderados de las políticas de déficit. La inclusión de una mención en la Constitución ha desencadenado la tensión entre dos bloques que han recurrido -uno y otro- a un arsenal argumental en el que se entremezclan criterios juiciosos con simplificaciones sesgadas. En el medio apenas se deja oír la "tercera España": la de la mesura y la búsqueda de un punto encuentro razonable entre posiciones antagónicas extremas. Las dos posiciones enfrentadas tienen pros y contras y ambas incurren en errores de apreciación. Aquí se apuntan los más llamativos.

EL EURO

Esta crisis ha puesto de manifiesto que el euro será insostenible si se fundamenta sólo en una unión monetaria y no lo respalda una verdadera unión fiscal y presupuestaria. Esta asimetría, que es una falla estructural del euro, y que le diferencia de otras monedas de referencia, ha actuado en esta crisis como una fisura que ha puesto a la zona monetaria al pie de los especuladores y le ha hecho muy vulnerable en tiempos de zozobra.

EUROBONOS

Los países atacados han reclamado la emisión de eurobonos: títulos públicos respaldados por el conjunto de la zona monetaria para frenar a los especuladores, prevenir el pánico de los inversores y reducir la prima de riesgo que ha llevado ya a tres países a la asfixia financiera. Pero los países más ortodoxos, que en tal caso pondrían su solvencia como garantía de los demás, exigen como contrapartida el compromiso de disciplina fiscal de todos los estados para no verse arrastrados por los socios a los que avalen. Sin corresponsabilidad no hay solidaridad.

EL PÉRDIDA DE SOBERANÍA

El discurso de que países como España están intervenidos por la UE no se sostiene. España decidió libre y soberanamente entrar en un club y acatar sus normas. Renunció a la peseta y a la política monetaria propia y aceptó de forma libérrima limitar el manejo de su política presupuestaria acatando dos límites: el déficit fiscal no podía superar el 3% del PIB y la deuda, el 60%. Fueron decisiones soberanas. Ahora se ha dado un paso más restringiendo esos límites. Pero España conserva su soberanía: puede abandonar el club.

MANDAN LOS MERCADOS

Los países tienen libertad para gestionar sus recursos. Con su riqueza nacional, su renta y su PIB, los gobiernos nacionales deciden cómo y en qué lo usan de acuerdo con sus programas políticos. Otra cosa es cuando usan dinero ajeno. En ese caso, cuando se piden recursos a los prestamistas y a los mercados financieros internacionales para cubrir los déficits generados, los países pierden capacidad de decisión porque el dinero no es suyo. Los prestamistas ponen las condiciones. Estar en contra de los mercados financieros internacionales y defender el déficit crónico o ilimitado es un contrasentido. Endeudarse es justo la forma más segura de ponerse en sus manos y de perder soberanía. "Es muy difícil llevarle la contraria a tu banquero", dijo Hillary Clinton en alusión a China, principal financiador del abultado déficit de EE UU.

PERJUICIO POPULAR

La afirmación de que la contención del déficit la sufrirán y pagarán los ciudadanos tendría sentido si las deudas no hubiese también que pagarlas. Pero los déficits del Estado también recaen sobre los ciudadanos: con aumento de impuestos, recorte de la inversión en infraestructuras y equipamientos, mengua de los servicios públicos o limitación de las prestaciones sociales. Cuando el Estado se endeuda en exceso parte de la riqueza nacional no se destina a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos sino que se va al bolsillo de los prestamistas en concepto de intereses de la deuda, lo que empobrece al país.

POLÍTICAS LIBERALES

Se afirma que constreñir la libertad de endeudamiento consagrará las políticas neoliberales y conservadoras. Pero no es cierto. Los gobiernos conservarán la libertad de elegir su política económica: bien priorizando el ajuste (que puede ser de gasto, de inversión o de ambos) o bien optando por una política de subida de impuestos para compensar la expansión presupuestaria. El control del déficit no prejuzga el camino por el que se transite para llegar a él.

DAÑO AL EMPLEO

El endeudamiento público, se argumenta, puede generar empleo. Es cierto, sobre todo como política keynesiana anticíclica en caso de depresión de la actividad privada. Pero un exceso de emisión de deuda pública entraña subida de tipos porque cae el precio de los bonos. La deuda pública compite con la privada y sustrae recursos a la Bolsa y a la inversión productiva creadora de empleo porque los bonos soberanos son más seguros para el inversor: tienen la garantía del Tesoro. La subida de tipos encarece la financiación del consumo y de la inversión y acaba lastrando la demanda privada y la creación de empleo. El sobrecoste financiero entraña pérdida de competitividad exterior y eso perjudica la ocupación laboral interna.

FRENA EL CRECIMIENTO

Imponer con rigor el equilibrio presupuestario como objetivo irrenunciable impedirá acometer inversiones que sirvan para futuras generaciones y para las actuales y que, anticipándolas, rendirán beneficios desde el presente. En caso de ser útiles y necesarias, demorarlas para no incurrir en deuda ni déficit entrañará un coste de oportunidad.

POLÍTICA ANTICÍCLICA

Las políticas monetarias y fiscales son los dos grandes instrumentos para influir en la economía. Son herramientas y por lo tanto no deben estar bloqueadas. Existen para ser usadas. Renunciar a una de ellas estableciendo un principio dogmático de renuncia sistemática al déficit supone pérdida de capacidad de corregir los desequilibrios de la economía. Ambas políticas deben ser coherentes entre sí y no contradictorias y deben ser usadas de forma anticíclica (en contra del viento) para atenuar, con medidas restrictivas, los procesos especulativos, los recalentamientos de la economía y los crecimientos desordenados, y para aliviar, con decisiones expansivas, las fases recesivas.

La actual crisis se gestó por el uso incorrecto de estos instrumentos: en plena fase alcista y eufórica del ciclo económico se echó gasolina al fuego bajando impuestos y tipos de interés de forma generalizada y prolongada en vez de aplicar medidas atenuadoras de la fuerte expansión del endeudamiento privado y del consumo exacerbados, que acabaron generando una gran burbuja. Allí donde la burbuja fue mayor (España), el paro generado también lo es.

En los procesos recesivos como la Gran Depresión de 1929 la elevación del gasto público permitió la recuperación aplicando la receta de Keynes, mientras que la retirada precipitada de los estímulos públicos en 1937, con la vuelta a la consolidación fiscal, supuso la recaída en lo que se llamó "la recesión Roosevelt". La gran inversión pública por la intervención de EE UU en la II Guerra Mundial restableció la recuperación y la consolidó y evidenció el acierto de Keynes. Ahora muchos economistas creen que puede estar ocurriendo lo mismo: el ajuste fiscal severo que se viene aplicando desde mayo de 2010 a causa de las tensiones en el mercado de deuda soberana por el desastre de las cuentas públicas griegas está cercenando los visos de recuperación que se habían atisbado a ambos lados del Atlántico.

ESTADO Y FAMILIA SON IGUALES

El gran argumento de los apologistas del equilibrio presupuestario inflexible es que el Estado es como una familia: "no debe gastar", se dice, "más de lo que ingresa". Pero esto es lo que economistas como Paul Samuelson han tachado, con mucha dureza, como "un análisis superficial y equivocado", "práctica acientífica" propia de "profanos" y "proximidad peligrosa al error lógico de composición". Primero porque las familias y las empresas también pueden y deben endeudarse. Otra cosa es en qué medida, a qué coste y para qué.

Parece prudente y además justo no endeudarse para financiar gasto corriente. Porque acabará siendo insostenible y porque además se estaría introduciendo una perversión: los beneficiarios hoy de ese gasto no asumen su coste y los postergan al futuro para que lo paguen quienes no disfrutarán de él. Pero las inversiones estratégicas sí pueden financiarse con deuda porque no tiene sentido que asuman su coste íntegro los contribuyentes actuales cuando de ellas también se beneficiarán los ciudadanos del futuro. Limitar las actuaciones con proyección estratégica de futuro a los recursos disponibles en cada momento frenaría por añadidura la marcha del país y su modernización. Samuelson identifica además como "sofisma" la comparación entre las cuentas públicas y la contabilidad del hogar.

Toda la deuda contraída por una familia, apunta, es para esa familia deuda externa, mientras que parte de la deuda pública del Estado está contraída con sus ciudadanos, por lo que es una deuda del país consigo mismo. Esto explica, por ejemplo, que Japón, con una deuda pública del 200% del PIB (la de España es del 65%), no esté sufriendo tensiones en el mercado de deuda. Y ello pese a su bajo crecimiento desde hace década y media, la espiral deflacionaria en la que se sumió y al desastre nuclear. Es un país con un enorme superávit exterior y su deuda pública está básicamente en manos de ahorradores nacionales.