Los nuevos administradores del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) para la CAM han dado un paso más en la toma de control de la gestión de la entidad, tras su intervención por parte del Banco de España el pasado 22 de julio y el cese automático del consejo de administración. Ayer mismo destituyeron y suspendieron de empleo a la directora general, María Dolores Amorós, a la que habían mantenido provisionalmente en su puesto desde que fueran nombrados por el Fondo para hacerse cargo de la caja. Los interventores -José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz- informaron de la suspensión a la plantilla a primera hora de la mañana, mediante comunicación interna, y son ellos los que asumen ahora las competencias que tenía Amorós. La noticia fue adelantada por informacion.es.

La destitución, no obstante, no lleva aparejada una suspensión de sueldo, dado que Amorós "sigue siendo empleada de CAM", aunque aún no le han asignado nuevas funciones, según señalaron en la entidad. Estas mismas fuentes dijeron desconocer el tiempo en que se mantendría esta situación, así como el montante de la retribución de la ya exejecutiva. Sin embargo, según distintas fuentes, la situación podría variar poco, dado que el futuro que le espera a la caja es la subasta, probablemente, en septiembre, según se baraja en el sector financiero.

Mano derecha de López Abad

Amorós ocupaba el cargo desde el 11 de noviembre de 2010, cuando sustituyó a Roberto López Abad, quien renunció al mismo para asumir una dirección general en la ya extinta "fusión fría" con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Su nombramiento entonces se consideró como un relevo natural, debido a que venía siendo la mano derecha de López Abad al ocupar desde 2001 la dirección general adjunta y coordinar las principales áreas de negocio y del grupo empresarial de la entidad, donde había desempeñado puestos de responsabilidad desde 1988.

Su trayectoria en puestos de relevancia ha estado estrechamente vinculada a la del propio López Abad, bajo cuya dirección Caja Mediterráneo registró una época de expansión -tanto dentro como fuera del territorio nacional- y que coincidió con el "boom" inmobiliario, un sector al que la entidad se expuso abiertamente y que en los últimos años de crisis se ha revelado como un lastre que ha contribuido a empujarla a la situación en la que se encuentra actualmente. La CAM -intervenida y a punto de ser sacada a subasta- registra una elevada tasa de morosidad (8,7%), por encima de la media del sector.

Desde la incorporación al proceso de fusión con Cajastur de López Abad -ahora un recién prejubilado con una importante indemnización de 3,8 millones, según distintas fuentes-, fue María Dolores Amorós la que tomó las riendas, junto al expresidente Modesto Crespo, y la que tuvo que afrontar los momentos más delicados de Caja Mediterráneo cuando fracasó la alianza. Las otras entidades decidieron romperla por las grandes diferencias que encontraron entre el balance real que arrojaba la caja y las cuentas que se le habían presentado, según argumentaron. En un contexto de reestructuración del sector y con el aumento de los requisitos de solvencia, las tres entidades decidieron no asumir los riegos que le suponía fusionarse con la CAM.

Firma el plan de ajuste

Sola en un escenario de reordenación en el que ya se habían cerrado la mayoría de procesos de concentración, con un deteriorado balance por su excesiva exposición al sector del ladrillo y con la necesidad de recapitalizarse, Caja Mediterráneo tuvo que diseñar un plan de negocio para acogerse a las ayudas del FROB que le permitieran operar en solitario y alcanzar los mínimos de solvencia (10%). La CAM fue la que más recursos pidió al Fondo -2.800 millones- y fue Amorós la encargada de elaborar y presentar ante el supervisor el plan de ajuste, que incluía prejubilaciones, recortes en la red de oficinas y desinversiones, medidas que le supondrían un ahorro anual de 120 millones hasta 2015. Pero la aprobación por el Banco de España y la puesta en marcha del plan no fue suficiente.

La fuga de depósitos que registraba, especialmente después de la ruptura de la fusión, complicaba aún más la situación. La caja perdió 2.587,4 millones de euros o el 5,85% de los ahorros de los clientes entre abril y mayo, según se publicaba recientemente. De hecho, tras la nacionalización el Banco de España inyectó 3.000 millones para dar liquidez y evitar la posible retirada de capital. Además, las pruebas de solvencia ("stress test") del pasado 15 de julio situaban a Caja Mediterráneo con patrimonio negativo en el peor de los escenarios si no fuera por las ayudas públicas. Ambos factores -unidos a la división registrada en el órgano de gobierno en los días posteriores por el nombramiento de consejeros al Banco Base, al que la caja ha transferido ya todo su negocio- precipitaron la intervención y la caída del presidente y del consejo. "Y su destitución (la de Amorós) era lógica tras la intervencion porque su gestión estaba unida a la de los anteriores administradores. No ha sido una sorpresa", apuntaban ayer en medios sindicales. Otras fuentes también aseguraban que el hecho de que la suspensión no hubiera sido inmediata "se debe a que la han necesitado para obtener información y después la han apartado para actuar con más libertad".