El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, advirtió ayer a sindicatos y patronal de que se acaba el tiempo para acordar una reforma del sistema de convenios colectivos, y les dio de plazo hasta la próxima semana antes de que el Consejo de Ministros la apruebe previsiblemente el 3 de junio. Gómez explicó que "no es posible alargarlo mucho más" puesto que la parte de la reforma que atañe a las mutuas y al absentismo se incluirá como enmienda al articulado del proyecto de ley que modifica el sistema de pensiones, para lo que el plazo expirará el 6 de junio.
El Gobierno es optimista con la posibilidad de que el proceso negociador entre los agentes sociales finalice "con éxito" en el mencionado plazo, percepción a la que contribuye que el presidente de la patronal, Juan Rosell, recibiera ayer el respaldo de la Junta Directiva de la CEOE para un eventual pacto con los sindicatos.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró convencido de que patronal y sindicatos llegarán a un acuerdo "en pocas fechas". A su juicio, ya ha habido "avances sustanciales" en lo que tiene que ver con la flexibilidad para que la empresa cambie las condiciones laborales en tiempos de crisis, con la limitación a la prórroga automática de los convenios expirados o en materia de absentismo.
Lo mismo opina el ministro de Trabajo, que considera que sólo queda por desarrollar lo que tiene que ver con el fomento de la contratación, una cuestión sobrevenida durante las conversaciones entre patronal y sindicatos pero que no forma parte del sistema de convenios colectivos, por lo que no cree que sea prioritario incluirlo en la reforma.
Disidencia en la patronal
Dentro de la CEOE, aunque todos coincidieron en la necesidad de seguir trabajando por el acuerdo, algunos se mostraron algo más críticos con la evolución del proceso negociador. Es el caso de la patronal madrileña CEIM, que asegura -en un documento aportado para "enriquecer" el debate- que la reforma "que se vislumbra como posible" no alcanza los niveles mínimos de flexibilidad para la empresa que requiere la actual situación económica.
Según la CEIM, un acuerdo limitado no sólo no satisfará a las empresas, sino que reducirá la capacidad legislativa "de quien a futuro deba afrontar las riendas de las necesarias reformas que han de llevarse a cabo en España en los próximos tiempos".
Por otra parte, el vicepresidente de la CEOE, Joan Gaspart, dijo que en la reunión de ayer quedó reflejado que los empresarios están más unidos y que "hay que seguir trabajando por el acuerdo", aunque matizó que si no se consigue, "tampoco pasa nada".
En este sentido, Valeriano Gómez reiteró que en caso de que no haya acuerdo el Gobierno legislará y hará una reforma que dé flexibilidad al empresario, pero no olvide la protección del trabajador, y con mecanismos de arbitraje para que la falta de acuerdo no termine en los tribunales.
