El PSOE ha sido hoy el único grupo parlamentario que ha votado en el Congreso de los Diputados a favor de la convalidación del real decreto del Gobierno contra el empleo sumergido.
La norma ha salido adelante con 167 votos a favor, 8 en contra (ERC-IU-ICV, BNG y UPyD) y 158 abstenciones.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha pedido a los partidos que voten a favor porque la actual coyuntura económica exige la regularización de esos trabajadores de forma "urgente" para recuperar la competitividad y la actividad económica.
En su opinión, su entrada en vigor servirá además para que se recuperen los niveles de protección de los trabajadores y es "inaplazable" para el equilibrio presupuestario, lo que permitirá un mejor crecimiento económico y la creación de empleo.
Según recordó Gómez, el real decreto tiene dos fases de actuación, de las que la primera dura hasta el 31 de julio y permite a los empresarios que, de forma voluntaria, regularicen a sus trabajadores irregulares con contratos que tengan una duración mínima de 6 meses.
La segunda fase comenzará el 1 de agosto y conllevará un fuerte incremento de las sanciones para los patronos que sigan teniendo plantillas en la economía sumergida.
El portavoz del PP José Ignacio Echániz acusó al ministro de sufrir una nueva enfermedad, el "decretismo", de la que dijo que su sintomatología se traduce en aprobar cada viernes un real decreto aunque no valga para nada, porque hay cinco millones de parados.
Echániz subrayó que la norma se ha "dibujado" en dos semanas para ver si "asustando" logran más afiliados, lo que en su opinión es una "gran chapuza" y refleja que el Gobierno es "incapaz" de tener un plan para crear empleo y para luchar contra el desempleo.
Desde CiU, su portavoz Carles Campuzano consideró que hacen falta medidas más audaces que ataquen la economía sumergida, si bien admitió que algunas de las que contiene el real decreto-ley son positivas.
Campuzano reconoció que se trata de un debate complejo porque sin esa economía sumergida la situación de muchas empresas y trabajadores sería mucho peor, y añadió que es bastante escéptico sobre la posible eficacia del plan del Gobierno.
Emilio Olabarria, del PNV, demandó medidas más contundentes para luchar contra el empleo sumergido y criticó que el plan supone en realidad una amnistía.
La diputada de ERC-IU-ICV Nuria Buenaventura mostró su oposición al decreto por entender que en realidad responde a las exigencias de la UE y porque no se ha podido debatir en profundidad en el Parlamento.
Dentro del Grupo Mixto, Rosa Díez, de UPyD, aseguró que el decreto es una amnistía parcial que penaliza a quien ha cumplido con sus obligaciones, mientras que, por parte del BNG, Olaia Fernández Davila afirmó que se trata de un decreto ineficaz que deja fuera a colectivos como las empleadas del hogar o los inmigrantes.
