Aunque la crisis ha disparado el endeudamiento, los impagos y el déficit de las Administraciones Públicas, la falta de recursos no ha logrado impedir que el número de empleados públicos haya seguido creciendo durante este tiempo. Así, en el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno central, la Generalitat, los ayuntamientos y las empresas públicas dan trabajo en estos momentos a 270.000 personas, lo que significa 14.700 más que en el tercer trimestre de 2007, según los datos del "Informe Regional del Mercado Laboral", que elabora la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT).
Sólo en el último año, cuando la situación de las arcas públicas ha estado al borde del colapso y desde Bruselas se han impuesto fuertes restricciones al gasto público, se ha frenado esta tendencia al alza del empleo público en la Comunidad, con una pequeña reducción de 2.200 empleos, que, sin embargo, no logra compensar los incrementos de 2008, 2009 y parte de 2010.
A nivel nacional, la tendencia aún es más acusada. Si en estos años de crisis los empleados del sector público en la autonomía se ha incrementado en un 5,8%, en el conjunto de España el aumento ha sido del 8,7%, lo que significa 254.000 trabajadores más que hace tres años, según Agett. Además, en 13 autonomías las administraciones han continuado incrementando sus plantillas también durante el último ejercicio.
En términos porcentuales, las regiones donde más ha engordado el volumen de nóminas públicas desde 2007 son Baleares, con un 26,8% más de empleos dependientes de las administraciones; Murcia, con un 20,3% más; y Cataluña, con un incremento del 13,4%. Sin embargo, en términos absolutos la autonomía que se lleva la palma es Andalucía, con 59.900 trabajadores más cobrando del Estado. Le siguen Cataluña, con 47.700; y Madrid, con 47.300. Sólo en dos regiones, Aragón y La Rioja ha disminuido la cifra de trabajadores públicos durante este periodo.
Más contratos fijos
Uno de los aspectos que más llama la atención de la evolución del empleo en el sector público en estos últimos años es la modalidad de contratación utilizada. Frente a lo que cabría esperar en una época de incertidumbre en la que se han visto reducidos los ingresos, las administraciones han aumentado notablemente el volumen de trabajadores indefinidos mientras que el número de contratados temporales se ha reducido. En concreto, en la Comunidad Valenciana el sector público cuenta ahora con 20.600 ocupados fijos más que en el tercer trimestre de 2007, mientras que la cifra de trabajadores en precario se ha reducido en 5.900 personas.
Esta misma situación se repite en Cataluña, Andalucía, el País Vasco, Canarias o Navarra. Por el contrario, en Baleares, Murcia, Cantabria, Madrid, Castilla y León, Asturias y Extremadura las administraciones crearon empleo tanto indefinico como temporal.
También se da la circunstancia de que todo el incremento del empleo registrado en el sector público en la Comunidad Valenciana se ha centrado en las mujeres, mientras que ha disminuido el número de varones que trabajan para la administración.
Sangría en el sector privado
El comportamiento de las administraciones durante estos años de crisis contrasta fuertemente con el experimentado por las empresas privadas, según destacan desde la patronal de las ETT. Así, en el mismo periodo en el que se creaban 14.700 empleos dependientes de la administración, las compañías privadas destruyeron 287.300 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana. Esto supone el 18,3% -casi uno de cada cinco- de los que existían en el tercer trimestre de 2007, según las mismas fuentes.
Sólo en Baleares (-30,4%), Canarias (-19,4%) y Murcia (-18,6%) se ha registrado una caída más pronunciada en el número de asalariados del sector privado en el citado periodo.
Desde Agett no se atreven a pronosticar la evolución futura de estas variables pero consideran que las administraciones ya han llegado a un punto de inflexión y que será difícil que el número de funcionarios y trabajadores de las empresas públicas siga en aumento. En este sentido cabe recordar que los planes de ajustes del Gobierno han limitado el número plazas de funcionario que se sustituirán cuando sus titulares se jubilen y que varias autonomías ya han anunciado que no convocarán este año oposiciones para sectores como el de la Educación.
