El Banco de España está empeñado en que, dentro de la reestructuración del sector, las cajas aprovechen para reducir sus abultadas plantillas y rebajen sus costes operativos. Pero esta medida no le saldrá gratis al Gobierno que deberá hacerse cargo de los dos años de prestación por desempleo -con sus correspondientes cotizaciones sociales- a los que tienen derecho los trabajadores del sector que se retiren antes de que se haga efectiva su prejubilación.
Así, sólo en el caso de la CAM la factura para el erario público superaría los 46 millones de euros, si finalmente abandonan la caja los 860 trabajadores mayores de 55 años que aceptaron marcharse antes de la edad legal de jubilación. En estos momentos, la entidad está a la espera de una respuesta del Ministerio de Trabajo a su propuesta para recuperar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aprobó para Banco Base con el fin de poner en marcha de nuevo el proceso de ajuste de personal, que se frustró al romperse la alianza con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
Precisamente el pasado jueves estas tres entidades, que ahora han constituido un nuevo grupo, aprobaron también una petición para aplicar su parte correspondiente del citado ERE y prescindir de 1.127 empleados. En total, en todo el sector se calcula que las reducciones de personal afectarán a unos 13.000 empleados, de los que 3.756 corresponden a Bankia; 1.300 a Catalunya Caixa; 1.100 a Banca Cívica; alrededor de 1.050 a Banco Mare Nostrum (Cajamurcia); y aproximadamente unos 900 a la fusión de Caja España y Caja Duero. Hasta ahora tan sólo la BBK ha recurrido a la vía de los despidos tras quedarse con la intervenida Cajasur, aunque no sería extraño que se extendiera esta fórmula si el Banco de España exige una nueva vuelta de tuerca.
En total, esta primera ronda de prejubilaciones costará a los servicios públicos de empleo unos 700 millones de euros, según un informe interno del Ministerio de Trabajo a los que tuvo acceso El País esta semana. Para ser más concreto, el equipo de Valeriano Gómez calcula que cada uno de los trabajadores que se marchen supondrá un gasto de 53.700 euros. Esto se debe a que el sector es uno de los que paga unos sueldos más altos, por lo que todos los prejubilados tendrán derecho a la prestación máxima.
Además, en todos los procesos se ha pactado que sólo aquellos empleados que lleven más de diez años en la empresa pueden acogerse al retiro voluntario, lo que significa que también tienen derecho al máximo, dos años, en cuanto al plazo de la prestación. Hay que tener en cuenta que la citada cantidad también incluye las cotizaciones que el INEM debe abonar a la Seguridad Social por estos trabajadores.
En cualquier caso, esto no significa que a las cajas les salga gratis la jugada. En el caso de la CAM, la entidad alicantina tiene provisionados 147 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones de los futuros prejubilados y sus exsocios acaban de dotar otros 200 millones para su parte del ERE. Tras los dos años de paro, los prejubilados percibirán el 80% de su salario bruto fijo anual hasta los 64 años, siempre que la cantidad resultante no sea menor del 90% ni superior al 95% del salario neto de los últimos 12 meses trabajados.
Desde el sindicato mayoritario de la CAM, el Sicam, confían en que la respuesta del Ministerio de Trabajo a su solicitud para recuperar el plan de prejubilaciones llegue en quince días.
El Gobierno exculpa al Banco de España
El Gobierno considera que la función supervisora del Banco de España y la regulación prudencial implantada no "lograron eludir el actual contexto de dificultad en el sector" financiero, pese a ser de las "más prudentes a nivel internacional", porque el endurecimiento del acceso a la financiación y el deterioro de activos provocados por la crisis produjeron una "presión muy fuerte" sobre la economía y las entidades.
O, en otras palabras, el Ejecutivo considera que el Banco de España no tiene ninguna responsabilidad en la difícil situación por la que atraviesa el sector financiero.
El Gobierno responde en estos términos a una batería de preguntas parlamentarias presentadas por el diputado "popular", Ramón Aguirre, a raíz de la publicación de una carta fechada en mayo de 2006 en la que los inspectores del Banco de España alertaban de los posibles problemas que acarrearía la excesiva implicación de banco y cajas en el "boom" inmobiliario. ep madrid
