La Comisión Europea lanzó ayer un ultimátum a España para que aplique la norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar el capital de los bancos y poner freno a los incentivos que pagan las entidades a sus directivos, que les llevan a asumir demasiados riesgos. El plazo para incorporar esta directiva a la legislación nacional expiraba el 1 de enero de 2011, pero, según la CE, España no ha aplicado todavía ninguna de sus disposiciones, algo que niega el Gobierno, que asegura que la mayor parte del texto ya está traspuesto.
El ultimátum de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE).
La directiva en cuestión tiene por objeto garantizar la solvencia financiera de los bancos y sociedades de inversión, así como "atajar la excesiva e imprudente asunción de riesgos en el sector bancario favorecida por unas remuneraciones mal concebidas que han provocado la quiebra de distintas entidades y traído problemas a la sociedad en su conjunto", según destaca la Comisión.
Además de a España, el ultimátum afecta también a Eslovenia, Grecia, Italia, Polonia y Portugal. La Comisión también exige a Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo y Suecia a que den cumplimiento a las partes de la directiva que todavía no han aplicado.
En materia de incentivos salariales perversos, la directiva exige a los bancos y sociedades de inversión que apliquen políticas de remuneración solventes que no estimulen o premien las asunciones de riesgos excesivas. Los supervisores bancarios tienen la facultad de sancionar a los bancos cuyas políticas de remuneración no se ajusten a los nuevos requisitos. Sin embargo, la directiva no introduce límites salariales o en las primas.
Desde el Ministerio de Economía se aseguró ayer que España ya ha traspuesto a su normativa interna la mayor parte de esta directiva europea a través de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifica la Ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información a intermediarios financieros. Además, las obligaciones sobre remuneraciones recogidas en la norma española se aplican con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011, como exige la directiva. Finalmente, Economía recuerda que fue el Gobierno español el que impulsó esta directiva durante su semestre de presidencia de la UE.
