El Banco de España quiere que todas las ayudas públicas previstas para Caja Mediterráneo -2.800 millones de euros- se concedan a través de una inyección de capital, lo que supondrá que el Estado tomará irremediablemente el control de la entidad. Es decir, que podría designar a la mayoría de los miembros de su consejo de administración y tendría capacidad para nombrar y destituir directivos.
La caja había solicitado recibir una parte de este dinero por la vía del denominado FROB 1, que equivale a un crédito y no implica la cesión de acciones. Sin embargo, tras muchas discusiones internas, el supervisor habría rechazado esta posibilidad para tener las manos libres a la hora de buscar una posterior salida a la entidad, según afirman fuentes cercanas a la institución presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En su plan de recapitalización, la CAM había planteado al supervisor que se le respetase la parte proporcional de los 1.493 millones de euros que el Banco Base habría recibido del FROB 1 si el proyecto de fusión con Cajastur no hubiera fracasado. Esto suponía unos mil millones de euros que se hubieran ingresado a cambio de la emisión de participaciones preferentes por las que la caja pagaría un interés mínimo del 7,75% anual, pero que no implicarían ninguna cesión de poder en la entidad. De esta forma, la necesidad de capital público se rebajaría a 1.800 millones, lo que aumentaba las probabilidades de que la CAM mantuviera el control del negocio.
Éste fue uno de los motivos, junto con el ahorro de tiempo y de trámites, por los que la caja alicantina luchó por quedarse con la ficha de Banco Base, ahora ya reconvertido en Banco CAM. Sin embargo, desde un principio el Banco de España no tuvo nada clara esta opción y obligó a la caja a incluir también en su plan de recapitalización la posibilidad de que todas las ayudas, los 2.800 millones de euros, se concretasen mediante una inyección de capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o FROB 2.
Durante estas semanas los gestores de Caja Mediterráneo han tratado de convencer al supervisor para que respaldase su plan y en el seno del propio Banco de España se han producido numerosas discusiones al respecto. En parte, porque el rechazo a conceder el FROB 1 a la CAM podría interpretarse como una discriminación hacia la entidad alicantina frente a las cajas que han recibido cuantiosas ayudas por esta vía, como Bankia, que ha ingresado 4.645 millones, o Catalunya Caixa, que ha cobrado 1.250 millones.
No obstante, finalmente la balanza parece que se ha inclinado del lado del FROB 2. La razón es que el BE quiere tener libertad de movimientos para buscar una posible salida a la CAM en el caso de que la propia entidad no sea capaz de encontrar un socio por sí sola.
Inspección polémica
Por otro lado, una información del diario El Mundo aseguraba ayer que el Banco de España ocultó durante ocho meses los resultados de una inspección realizada a la caja alicantina en la que se detectó un "agujero de 2.000 millones" fruto de una mala clasificación crediticia. Así, según el citado artículo, los inspectores habrían finalizado su trabajo en mayo de 2010, antes de que se acordase la fusión, pero el organismo supervisor no remitió el documento con sus requerimientos hasta diciembre.
Curiosamente la información sostiene que ni la CAM ni sus socios conocían los resultados de la inspección hasta esta última fecha, con lo que estaría dando la razón a ambas partes. En este sentido, hay que recordar que Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura aseguraron para justificar la ruptura del SIP que había datos de la CAM que desconocían y la entidad alicantina negó que hubiese ocultado ninguna información.
En cualquier caso, tras la inspección, el BE exigió a la CAM la reclasificación de créditos por importe de 5.267 millones de euros, de los que 2.662 millones debían catalogarse directamente como dudosos y otros 2.605 millones como subestándar. Esto acarreó la necesidad de realizar dotaciones por valor de los citados 2.000 millones, entre provisiones para cubrir estos créditos y las pérdidas esperadas por la entidad.
El supervisor lo niega
A este respecto, aunque el Banco de España no quiso pronunciarse oficialmente sobre el tema, un interlocutor del organismo supervisor negó ayer que se hubieran ocultado los resultados de la inspección durante ocho meses y, por el contrario, afirmó que ésta no finalizó hasta diciembre. Además, asegura que en ningún caso puede hablarse de "agujero" patrimonial ya que la entidad sigue manteniendo un patrimonio positivo a pesar de las mayores provisiones a las que ha tenido que hacer frente.
En este sentido, fuentes cercanas al organismo supervisor señalan que las cuentas a 31 de diciembre de la CAM y el plan de recapitalización de la entidad ya se han formulado teniendo en cuenta la citada reclasificación de créditos y descontando las dotaciones que acarrea.
Así, el balance oficial de 2010 de la caja ya reflejaba un aumento de la tasa de morosidad del 5,2% hasta el 8,7%, que la propia directora general de CAM, María Dolores Amorós, reconocía el pasado domingo en una entrevista a INFORMACIÓN que era fruto de una reclasificación crediticia. Fuentes de la entidad alicantina aseguran que en estos momentos la caja ya no tiene saneamientos pendientes de registrar, tras acatar las exigencias que le formuló el Banco de España.
Intervención en el Congreso
Dentro de esta polémica, fuentes financieras criticaron ayer el hecho de que el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, no informase de la situación de la CAM durante las comparecencias que tuvo en el Congreso en febrero y marzo para explicar la evolución de los nuevos grupo de cajas, a pesar de que entonces ya existían actas en las que constaba esta situación. Se da la circunstancia de que Aríztegui es también el presidente de la junta rectora del FROB.
