ANDRÉS VALDÉS alicante

Ocupó la Secretaría el pasado viernes. ¿Qué problemas y qué retos hereda?

El problema sería no hacer frente a los retos. La sociedad de la información está impregnando toda la actividad económica, así que es algo que debe producirse de forma que salgamos reforzados. La red no es sólo acceso a información, es una conectividad vinculada a una capacidad de procesar datos increíble. En Internet hay que vender y comprar, crear nuevos modelos de negocio y sustituir procesos tradicionales por otros más modernos. El reto es convencer a la gente que desarrolla tareas empresariales de que hay que desarrollar y hacer cosas nuevas. Es una de las obsesiones del Gobierno.

¿En qué se traduce esa obsesión?

En inversiones importantísimas. Con el plan Avanza hemos movido 12.000 millones de euros en cinco años. En 2011 hay recortes y se ha concentrado el dinero en las pymes para que crezcan en mercados globalizados. La apuesta este año son 690 millones de euros, de los que el 98% va a ir a pymes. Se han abandonado programas en ayuntamientos y comunidades porque las pymes son el eslabón más débil, pero el que tiene mayor potencial.

¿Cuando se cumplirá el compromiso de hacer de Internet un servicio universal?

Matizo un poco. El servicio universal garantiza el acceso a Internet a una velocidad de un mega por segundo, aunque esto irá creciendo. Tú la puedes contratar o no. Lo que se garantiza es el acceso. En breve, quizá la semana que viene, se aprobará el reglamento de desarrollo del servicio universal. Tras la licitación resultará un operador adjudicado. Calculamos que a finales de año o principios de 2012 estará este servicio en toda España.

¿Podría cuantificar esas tarifas bonificadas?

Serán accesibles, más que bonificadas. Es un concepto no determinado, pero no supondrán un handicap o un límite para que la persona pueda tener acceso a este servicio que se considera universal. Es imposible preguntar un precio, es como si le preguntas al presidente por el precio de un café. Influyes en el mercado (ríe).

¿Qué beneficios espera de la optimización del dominio público radioeléctrico?

Es una de las políticas más importantes del ámbito de las telecomunicaciones de los últimos 25 años. Se pone a disposición de los operadores un 70% más de espectro radioeléctrico para desarrollar servicios de cuarta generación, de telefonía móvil. Va a suponer que los operadores inviertan más de 25.000 millones de euros. Es una cifra ingente. Esta decisión implica una seguridad jurídica muy grande para quienes trabajan en el ámbito de las telecomunicaciones. Va aumentar las inversiones en servicios móviles y fijos en torno a esa cifra y supondrá un mínimo de 40.000 puestos de trabajo. Las inversiones empezarán a llegar este mismo año.

Los beneficios de los teleoperadores son altos y la satisfacción del cliente muy baja. ¿Se ha propuesto equilibrar ambos intereses?

El presidente de la comisión del mercado de las telecomunicaciones ha declarado que va hacer lo posible para que los precios de los servicios se reduzcan. Es una de sus competencias y uno de sus objetivos de este año. Veremos una bajada de precios. Sobre la satisfacción del cliente, hay que considerar que en España hay entre 80 y 90 millones de contratos de telecomunicaciones. Aunque el sector fuera bien, el numero de reclamaciones de usuarios se iba a llevar la palma este sector. Claro que hay problemas, pero la normativa de protección de los usuarios de España es de las mejores. No todos los operadores la cumplen. A lo mejor hay que empezar a sancionar de manera muy dura a los que no la cumplan.

¿Usa whatsapp en el móvil?

No. Tengo ya bastante con el correo, los sms y el teléfono. Tampoco estoy en redes sociales (ríe).

La portabilidad en 24 horas se abre paso

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que incorpora al ordenamiento jurídico varias directivas europeas que regulan el sector, según informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en un comunicado. El Ministerio aseguró que las modificaciones de las normativas comunitarias incorporadas mejorarán la protección de los usuarios, reforzarán el papel de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y proporcionarán más seguridad y flexibilidad a los operadores. Este proyecto de ley contempla que los consumidores puedan cambiar de operador de telefonía móvil, lo que se conoce como "portabilidad", en el plazo de un día laborable. Por otro lado, incluye iniciativas de protección de los derechos de los usuarios, así como de protección de datos y de información de actividad de los cookies (marcadores electrónicos que registran las páginas web visitadas). EFE. MADRID