A la Generalitat le está costando un poco más colocar entre los inversores su segunda emisión de bonos destinados al mercado minorista. Las once entidades financieras que participan en la colocación de deuda pública habían vendido hasta el miércoles (seis días hábiles después de abrirse el plazo de suscripción) 349 millones, más de la mitad del importe asegurado por la banca (600 millones de euros) pero todavía lejos de los 900 millones que la Consellería de Economía contempla en total por sus necesidades de financiación.

De los 349 millones de euros vendidos en los seis primeros días 229,8 millones se corresponden con el primer tramo de la emisión, con un plazo de vencimiento de un año y un interés del 4,25%. Del segundo tramo se han colocado bonos por 119,3 millones, a un plazo de dos años y una rentabilidad para el inversor el 4,75%.

Para el departamento que dirige el vicepresidente económico, Gerardo Camps, la operación de colocación de deuda pública entre inversores particulares "avanza a muy buen ritmo". No obstante, la Generalitat y las entidades colaboradoras tienen sólo siete días hábiles para colocar los 551 millones de euros en bonos que faltan para cumplir con su plan de colocación de deuda pública. La consecución de esta operación es importante porque permitirá a la Administración autonómica obtener recursos para atender sus compromisos inmediatos, tanto de gasto corriente como de pago a proveedores, cuyas facturas se acumulan en los cajones de los distintos departamentos.

Si el Consell no logra vender todos los bonos será un contratiempo, ya que ha recurrido a los inversores particulares precisamente por las dificultades que tiene para encontrar financiación en los mercados mayoristas e institucionales.

En la primera emisión del pasado diciembre la demanda superó incluso la oferta. A varios días del cierre del plazo de suscripción, la Generalitat anunció que ya tenía colocados mil millones y que ampliaba en otros 500 millones la emisión. Recientemente Moody's alertaba del riesgo de estas emisiones, que elevaban el endeudamiento de los gobiernos autonómicos.