05 de mayo de 2011
05.05.2011
La crisis lastra sus cuentas

Casi el 54% de las pymes alicantinas cerró el año sin beneficios

Los malos resultados económicos reducirán un 35% la recaudación de la Cámara de Comercio

05.05.2011 | 02:00
José Enrique Garrigós y Carlos Mazón, ayer, en la Cámara de Comercio.

La crisis económica sigue lastrando las cuentas de las empresas alicantinas, especialmente de las pequeñas y medianas, hasta el punto de que más de la mitad de ellas cerró el ejercicio sin obtener ningún tipo de ganancias. Para ser exactos, el 53,75% de las pymes de la provincia acabó el año pasado sin beneficios, según puso de relieve ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, para explicar la disminución de ingresos que prevé la institución para el presente ejercicio.
Este año será el último en el que todas las empresas tengan obligación de pagar las cuotas camerales -suprimidas en diciembre por el Gobierno- dado que se cobran a año vencido. El próximo año sólo lo harán las compañías de mayor tamaño y al siguiente estarán liberadas todas las compañías. Para calcular estos pagos, que hasta ahora suponían alrededor del 70% del presupuesto de las Cámaras, se tienen en cuenta lo que declaran las firmas por el Impuesto de Sociedades (que grava los beneficios) y el de Actividades Económicas (facturación).
Por este motivo, el que un 53,75% de las pymes no tengan ganancias supondrá un disminución de alrededor del 35% en la recaudación de la Cámara, según los cálculos del gerente de la institución, Carlos Mazón. "No es más que un reflejo de las situación de la economía alicantina", señaló Mazón.
En este sentido, también la recaudación de Hacienda se ha visto ya afectada por los malos resultados de las firmas alicantinas y el año pasado el Estado ingresó en la provincia un 40,8% menos por el Impuesto de Sociedades, 274 millones en total, una de las mayores caídas del país que duplicó la media nacional.
Sobre el futuro de las Cámaras una vez que no cuenten con los ingresos de las cuotas, José Enrique Garrigós reclamó al Gobierno que defina "de una vez" si las instituciones son instituciones de derecho público, obligadas a prestar una serie de servicios. En ese caso, señaló, las administraciones deberían "cofinanciar" su funcionamiento, tal y como exigió el pasado martes en nuevo presidente del Consejo Superior de Cámaras de España, Manuel Teruel. En este sentido, también se espera una declaración de apoyo de las Cámaras de todos los países iberoamericanos, que en los próximos días se reunirán en la ciudad de Alicante.

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