La crisis de los controladores enfrenta a la Asociación de Fiscales con Conde-Pumpido

En un comunicado, la Asociación de Fiscales apeló al principio de división de poderes y a la "autonomía funcional" del Ministerio Fiscal para criticar la asesoría de Conde-Pumpido en un Consejo de Ministros, "aún en supuestos de excepcionalidad o precisamente por ello". "El Ministerio Fiscal queda sujeto a los principios de imparcialidad y legalidad y no al dictamen de criterios políticos, y bajo ninguna circunstancia puede convertirse en órgano consultivo del Gobierno", ha remachado.

Tras destacar que las relaciones entre el Ministerio Público y el Ejecutivo no se basan "en caso alguno" en la "subordinación", la asociación advirtió de que el Gobierno "carece de facultades" para determinar la "norma aplicable en la jurisdicción penal" a los controladores aéreos que el pasado viernes abandonaron sus puestos de trabajo y tildó de "injerencia intolerable" la "mera indicación" por parte del Ejecutivo al Ministerio Fiscal sobre el derecho a aplicar en este caso.

Así, subrayó que son los fiscales y, en última instancia, los tribunales los encargados de determinar si el abandono de este colectivo es penalmente relevante y si es de aplicación "una norma preconstitucional o el actual Código Penal". "La mera indicación por parte del Gobierno al Ministerio Fiscal del derecho a aplicar, supone una injerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad que preside su funcionamiento y al propio Estado de Derecho", enfatizó la asociación.

Aunque eludió valorar la idoneidad de la declaración del Estado de alarma, subrayó que el Ministerio Fiscal debe mantenerse "distante al foro gubernativo" en el que de decida su adopción y estar así alejado de posicionamientos políticos.

Por su parte, los seis controladores aéreos citados a declarar ayer ante la Fiscalía de Madrid en calidad de denunciados han mantenido la postura de sus compañeros de acogerse a su derecho constitucional de no declarar al estimar que se les debe interrogar en el marco de la jurisdicción militar con motivo de estar movilizados desde el pasado sábado tras la militarización del espacio aéreo español, informaron fuentes fiscales.

A su salida de la Audiencia, los controladores abandonaron las dependencias acompañados de sus abogados y se negaron a contestar a las preguntas de la prensa. Respecto a su situación, el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, estimó que no procede solicitar ninguna medida cautelar contra ellos, puesto que lo considera "desproporcionado" e "injusto" respecto a sus otros compañeros.

La Fiscalía de Madrid mantiene las declaraciones del próximo lunes en las que se interrogará a otros ocho controladores por un delito de sedición. No obstante, prevé remitir la próxima semana la denuncia ante los Juzgados ordinarios para que les tome declaración un juez, así como la documentación obtenida estos días a través de las diligencias practicadas.

Mientras, asociaciones de consumidores de todo el país están agrupando reclamaciones de afectados por la huelga encubierta de los controladores para presentar un recursos conjunto contra AENA, en el que pedirán daños patrimoniales y morales.

Cabo: "Se trabaja mejor militarizado"

El portavoz de USCA César Cabo ha asegurado este viernes que los controladores trabajan "bastante mejor" militarizados que bajo las órdenes de AENA y que el trato recibido por parte de los militares está siendo "respetuoso". "AENA, como era juez y parte, decidía con menor precisión los aviones que cabían por ruta", afirma en una entrevista a El Periódico de Catalunya. Cabo reiteró que los controladores "no tenían la intención de hacer una huelga". "Es un buen sueldo, que no llega a los 200.000 euros anuales, pero la situación laboral es asfixiante (...) y eso es lo que ha provocado esta explosión, desproporcionada y terrible". redacción valencia