Los presidentes de Caja Mediterráneo, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria firmaron ayer el contrato de integración con el que crearán el quinto grupo financiero del país, con un volumen de activos superior a 135.000 millones, una ayuda pública de 1.493 millones y unos 14.000 empleados.
Los presidentes de las cuatro cajas mostraron ayer su satisfacción por participar en un proyecto que creará el tercer grupo español de cajas, por detrás de la alianza entre Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño, y de la fusión entre La Caixa y Caixa Girona. El Sistema Institucional de Protección (SIP), que presidirá el mandatario de la CAM, Modesto Crespo, recibirá una ayuda ya aprobada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.493 millones y permitirá a las cajas compartir su solvencia.
Según un comunicado de las entidades, con datos a cierre de 2009, el nuevo grupo tiene un ratio de Tier 1 -recursos de mayor calidad- del 9,3%, que se reduciría hasta el 7,8% a cierre de 2011, según el escenario hipotético más adverso de las pruebas de solvencia publicadas recientemente.
El presidente de la CAM, Modesto Crespo; el de Cajastur, Manuel Menéndez; el de Caja Extremadura, Víctor Bravo; y el de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio, firmaron ayer el contrato del SIP.
Un día después
El acuerdo llega un día después de que el consejo de administración de la CAM acordara aprobar su participación en la "fusión fría" junto a las otras tres cajas y después de que la entidad alicantina incorporara algunas "aclaraciones" -según las denominó la propia CAM el pasado lunes- que se han centrado en los tres puntos más conflictivos.
Una de ellas explicita que las facultades que ejercerá el consejero delegado del nuevo SIP podrán ser modificadas, restringidas o revocadas por una mayoría simple del consejo (ocho miembros de los catorce totales), en vez de por este órgano en pleno y, además, con la condición de que entre éstos se encuentren los dos consejeros independientes, que deben ser personas de reconocido prestigio en el sector. Uno de ellos lo propondrá la CAM y el otro, Cajastur, según fuentes conocedoras de las modificaciones realizadas sobre el último texto. Esta es una de las tres matizaciones principales introducidas en el controvertido contrato, que ha provocado en las últimas semanas serias discrepancias entre la CAM y Cajastur y que ha mantenido en el aire el futuro del grupo.
Las excesivas atribuciones que pretendía el presidente de la asturiana y futuro consejero delegado, Manuel Menéndez, fueron unánimemente rechazadas por el consejo de la CAM el pasado 15 de julio, aunque expresó su decisión "firme e inequívoca" de formar parte del SIP.
Flexibilización
Sin embargo, la flexibilización de posturas de Cajastur propició una nueva redacción conjunta de los puntos más conflictivos, evitó los recelos de la CAM y permitió su consejo diera su visto bueno el pasado lunes al contrato -con los votos en contra de los dos representantes sindicales- y se desbloqueara la situación.
El futuro consejo del grupo estará compuesto por catorce personas, de las cuales cuatro serán designadas por la CAM, otras tantas por Cajastur, dos por cada una de las cajas más pequeñas y por dos consejeros independientes. Con la inclusión de éstos en la nueva mayoría simple requerida para modificar las competencias de Menéndez se pretende conceder al grupo una mayor estabilidad -"con una opinión más neutra, no vinculada a las entidades"- en los primeros momentos de andadura, "que son los más difíciles", y evitar posiciones de dominio, según explicaron varias fuentes.
Asimismo, otra de las aclaraciones que más satisfizo a los miembros del consejo de la CAM el pasado lunes, ya que era una de sus principales reivindicaciones, es que se tuvieran en cuenta las directrices del Código de Buen Gobierno de las Entidades. En este sentido, la nueva redacción explicita que la soberanía del nuevo grupo residirá en el consejo, que será máximo órgano del grupo y a quien dará cuenta el consejero delegado.
Gestión ordinaria
Asimismo, otra matización sobre el contrato anterior alude a que el máximo ejecutivo tendrá los poderes que emanen de la "gestión ordinaria", en vez de concederle poderes irrrevocables, como se expresaba en el anterior articulado, según explicaron fuentes conocedoras de los cambios introducidos en el documento.
El equilibrio de la cuota de poder pactada al inicio de la operación ha sido una de las máximas defendidas de la CAM en este proceso, de ahí su reiteración en modificar los aspectos del contrato que podían romper ese equilibrio. En el futuro SIP, tanto CAM como Cajastur tienen un 40% de participación, mientras que Caja Extremadura y caja Cantabria se reparten un 11% y un 9%, respectivamente.
