La polémica sobre la eficiencia por parte de Cajastur de poderes irrevocables para su presidente y futuro consejero delegado del banco que nacerá de la fusión fría o SIP entre esta entidad, la CAM y las cajas de Extremadura y Cantabria, y la negativa de la institución de ahorro alicantina a aceptar este punto, hizo que pasara desapercibido el contenido literal y completo del acuerdo que adoptó el pasado 15 de julio el consejo de administración de la CAM, un acuerdo que esconde una nueva "bomba de relojería" para el SIP.

Todos los medios se centraron en la parte del comunicado que emitió al final del consejo la CAM, en la que se señalaba que la caja ponía objeciones al articulado del contrato de integración redactado por Cajastur en el que, según la alicantina, se establecen de facto esos poderes irrevocables para la entidad asturiana. Pero lo que el acuerdo dice textualmente es que el consejo expresa su "firme e inequívoca" decisión de proponer "a la asamblea general" la aprobación de dicho contrato. Esto es: El consejo se declara en la práctica incompetente para aprobarlo por sí solo, como pretenden hacer en sus respectivos ámbitos los otros tres integrantes del SIP, y quiere que sea la asamblea general de la entidad la que diga la última palabra.

Ese acuerdo, redactado en esos términos, es de capital importancia, ya que la asamblea está compuesta por múltiples grupos, con un nivel de coordinación y "obediencia" a los poderes institucionales mucho menor que el del consejo. Por ello, si todas las fuentes consultadas están de acuerdo en que no hay un pronóstico claro acerca de qué puede decidir hoy el consejo de administración de la CAM, que a las seis de la tarde volverá a reunirse para estudiar el contrato de integración en el SIP liderado por Cajastur, más difícil es aún saber qué hará la asamblea general, aunque muchos se inclinan por pensar que ni aún con una recomendación expresa del consejo avalando el SIP, ni con una amenaza de intervención del propio banco de España, la asamblea dé el visto bueno a la operación. "Esto no acaba mañana" [hoy para el lector]", resumió ayer uno de los consejeros más veteranos de la Caja.

Nuevo texto

Las conversaciones entre consejeros se sucedieron a lo largo de todo el domingo, sin que nadie fuera capaz de garantizar que hoy habrá una mayoría a favor del SIP. Falta conocer cuál es la nueva relación del contrato que propone Cajastur, una nueva redacción que en teoría pretende suavizar los términos del texto que fue rechazado, pero sin reducir las atribuciones que en él se asignaban a su presidente y futuro consejero delegado, Manuel Menéndez.

Pero, sean cuales sean los cambios, destacados consejeros seguían ayer inclinándose por rechazar el SIP, a pesar de que el presidente de la CAM, Modesto Crespo, y el director general, Roberto López Abad, abogaban por aprobar. Y aunque distintas fuentes opinaban que al final el contrato sería aprobado esta tarde, ninguna se atrevía a asegurarlo, sobre todo después de que, primero INFORMACIÓN, y ayer mismo "El País" en sus páginas nacionales de Economía, atribuyéndolo a fuentes de la propia caja alicantina, recogieran en los test de estrés aplicados por el Banco de España para demostrar la solvencia de las entidades españolas habrían sido superados por la CAM en solitario.

Quien aparece en una posición cada vez más difícil es el presidente de la CAM, Modesto Crespo, contra el que se dirigen la mayoría de las críticas de los miembros del consejo. Crespo pidió ayer al "núcleo duro" de la CAM (los vicepresidentes, el director y el secretario general y los presidentes de las empresas participadas) que acudieran a una reunión a las 13:30 horas de hoy, cuatro horas y media antes de la reunión del consejo, se supone que en un último intento de recabar su apoyo para el SIP. Pero algunos de los convocados barajaban anoche no asistir y otros planteaban que, como contrapartida a su respaldo al SIP, exigirían la dimisión de Crespo.

La decisión final de la asamblea Fuera como fuese, el acuerdo del 15 de julio obliga a la CAM a someter el contrato en última instancia a la aprobación de la asamblea general, algo que, según distintos expertos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el ético, resulta irreprochable, puesto que la decisión que debe tomarse es probablemente la más importante desde que la entidad existe, hace más de un siglo, y parece lógico que sea el máximo órgano de gobierno, la asamblea, y no el órgano de gestión, que es el consejo, el que la refrende.

Así las cosas, si el consejo pasa hoy la pelota a la asamblea, el SIP puede entrar en un escenario aun más complicado del que ya había y la reacción del Banco de España, que ya ha presentado esa fusión virtual como hecha en Bruselas y que en los últimos días está recibiendo en Alicante severas críticas por su actuación, es imprevisible.

Para terminar de embrollar más las cosas, tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como el de la Diputación, Joaquín Ripoll, se oponen ahora al SIP con Cajastur, aunque el primero de ellos lo defendió con anterioridad. Y en cuanto al PSPV, como partido ha eludido en todo momento pronunciarse, pero sus principales representantes en el consejo de la CAM también se oponen al acuerdo en los términos en que ahora está redactado.