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El Banco de España ejerció ayer una labor de intermediación con las cuatro cajas que participan en el proceso de "fusión fría" que lideran la CAM y Cajastur con el fin de salvar el SIP. El rechazo del consejo de Caja Mediterráneo, el pasado jueves, de conceder los plenos poderes irrevocables que pretende Manuel Menéndez, presidente de la asturiana y futuro consejero delegado del nuevo grupo -aunque la entidad sí aprobó el resto de términos del contrato de integración-, así como las advertencias realizadas ayer desde Asturias de que esta objeción al documento ponía "en peligro y al borde del fracaso" la operación -según atribuía la agencia Efe a fuentes financieras cercanas a la caja asturiana-, llevaron al organismo supervisor a tomar la iniciativa.

El Banco de España convocó ayer por la tarde en Madrid a los ejecutivos de las cuatro entidades para conocer de primera mano cuál era la situación y los problemas que habían surgido al final del proceso, según fuentes de la CAM. Pese a las distintas informaciones procedentes de fuentes financieras que aseguraban por la mañana que el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez había emplazado a la CAM para pedirle explicaciones sobre el acuerdo adoptado por su consejo, el objetivo de la convocatoria resultó ser un intento de mediación para reconducir la situación. "No hubo ni presión ni ultimátum. El Banco de España desea que, finalmente, la operación salga adelante", aseguraron ayer fuentes conocedoras del encuentro. La intención del regulador "no puede interpretarse como un "tirón de orejas" a la CAM, sino que más bien persigue acercar de nuevo las posiciones de los integrantes de la "fusión fría"", según informaba ayer Europa Press, citando a las mismas fuentes.

El mensaje de que se debe continuar con la alianza y de que es un proyecto beneficioso para todas las partes es el que se transmitió a los ejecutivos de las entidades en la reunión, en la que no estuvieron presentes ni Fernández Ordóñez, ni el subgobernador, Javier Aríztegui, de acuerdo con fuentes del supervisor bancario. Los representantes del regulador, de hecho, les insistieron en la necesidad de intensificar las reuniones durante la próxima semana para acercar posturas y sellar, definitivamente, el acuerdo.

Bombardeo de informaciones

A lo largo del día de ayer, el bombardeo de informaciones se dirigían en dos direcciones: en una más que segura ruptura del SIP -que se advertía desde Asturias- y en que el Banco de España obligaría a la CAM a convocar hoy un nuevo consejo de administración para que revisara el acuerdo adoptado el jueves. Pese a las informaciones que se fechaban en Asturias de fuentes cercanas a la entidad asturiana, Manuel Menéndez, preguntado ayer en Toledo sobre la decisión adoptaba por el máximo órgano de la CAM, rehusó pronunciarse. Caja Mediterráneo, por su parte, se reafirmó en su decisión "firme e inequívoca" de integrarse en el SIP y recordó que su consejo aprobó el contrato, excepto "algunos matices o aspectos respecto a las condiciones de gobierno corporativo". Las objeciones se refieren "a la delegación de las facultades en el consejero delegado", según comunicó la propia caja a la CNMV. El máximo órgano de la CAM aprobó el contrato del SIP, con los votos en contra de los dos representantes sindicales, pero votó de forma unánime rechazar las condiciones de Menéndez. La CAM entiende que no sólo van en contra del código de buen gobierno, sino que, además, no figuran en el protocolo de intenciones aprobado en mayo.

El futuro consejero delegado impuso en el contrato definitivo la obtención para sí de plenos poderes con carácter irrevocable, lo que significaría evitar el control de la junta del nuevo banco. Además, el "blindaje" se vería reforzado, dado que Menéndez estaría en el cargo durante 12 años, ya que el protocolo sí prevé que su mandato sea de seis años, prorrogables a otros seis en el caso de que las cajas no se pongan de acuerdo sobre su sucesor.