El consejo de administración de Caja Mediterráneo en una larga e intensa reunión decidió anoche integrarse en el Sistema Institucional de Protección (SIP), junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, aunque rechazó por unanimidad conceder los plenos poderes irrevocables que, durante doce años, pretendía obtener el futuro consejo delegado del nuevo grupo, Manuel Menéndez, a su vez presidente de Cajastur.
La entidad acordó aprobar el contrato, "excepto algunos aspectos de gobierno corporativo", dejando claro que el consejo no transige con las aspiraciones asturianas y "reafirma la necesidad de que la soberanía que ceden las cajas (en el SIP) la reciba y administre el consejo de administración del banco, y, a través de éste, el consejero delegado", según afirma en un comunicado.
Con esta firme objeción, en línea con las directrices que marca el código de buen gobierno, la CAM reclama que el mando absoluto de gestión al que aspiraba su cargo ejecutivo pueda ser revocado por la propia junta del nuevo banco que se cree. A partir de ahora, el contrato de integración que aprobaron ayer las cuatro cajas tendrá que ser presentado ante al Banco de España y será allí - ante el organismo supervisor- donde se decidan, finalmente, los términos definitivos del acuerdo y se diriman las discrepancias entre la CAM y Cajastur, ya que esta última aseguró ayer que Caja Mediterráneo no podía hacer excepciones al contrato.
El consejo de administración de la CAM aprobó la integración en el SIP -sólo con los dos votos en contra de los representantes sindicales-, mientras que la unanimidad fue absoluta entre los veinte vocales para rechazar la obtención de poderes irrevocables por parte del futuro ejecutivo del nuevo "holding", que presidirá el mandatario de Caja Mediterráneo, Modesto Crespo.
Menéndez había exigido en las negociaciones del contrato definitivo de integración la obtención del mando absoluto, y con carácter irrevocable, pese a que este "status" no figuraba en el protocolo de intenciones aprobado por las cajas participantes en la operación a finales de mayo. De conseguir estas facultades, Menéndez reforzaría su "blindaje" durante doce años, dado que en el preacuerdo sí se establecía que el mandato sería por seis años, prorrogables a otros seis en el caso de que las entidades no se pusieran de acuerdo en el nombre de su sustituto.
La fuerte oposición a las exigencias de Menéndez que el "núcleo duro" del máximo órgano de la CAM mostró al presidente Crespo y al director general, Roberto López, quedó ratificada ayer en el acuerdo unánime del consejo. Los vocales de la entidad consideraron que no eran "asumibles" estas condiciones porque, en la práctica, esta concesión significaría romper el equilibrio de reparto de poder pactado en el nuevo grupo con igual participación -40%- de la CAM y Cajastur, pese a que la alicantina duplica en tamaño a la segunda. En el futuro SIP las otras dos cajas de ahorro se reparten el 11% (Caja Extremadura) y el 9% (Caja Cantabria).
Caja Mediterráneo expresó ayer su "decisión firme e inequívoca de formar un SIP con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria", pero también mostró su "satisfacción por el acuerdo alcanzado" en el seno del consejo -que incluye las "matizaciones" a las condiciones del gobierno corporativo- porque entiende que así, las cajas que integran el SIP pueden "ver mejor representados sus intereses en la entidad resultante".
El futuro "holding" se convertirá en la tercera caja de ahorros del sistema financiero español, con unos activos de unos 135.000 millones, una plantilla de 14.000 empleados -la mitad de ellos de la propia Caja Mediterráneo- y un volumen de negocio de unos 160.000 millones de euros.
