Las negociaciones para cerrar el contrato de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que lideran la CAM y Cajastur y en el que participan las cajas de Extremadura y Cantabria están en punto muerto. Las diferencias entre las dos primeras por las pretensiones de la asturiana de tener el mando absoluto sobre el nuevo banco que se derivaría de la constitución del SIP -una exigencia a la que se opone gran parte del consejo de la CAM- impiden alcanzar un pacto.
Los negociadores no encuentran el camino del acuerdo y se complican. En las últimas reuniones entre los altos ejecutivos de las cuatro entidades no se han registrado avances. La última, el pasado martes, directivos de las cajas volvieron a encontrarse en Madrid, pero la reunión resultó infructuosa. Y ayer no se reanudaron los trabajos, pese a que la previsión de las entidades hace apenas unos días era la de intensificar las reuniones para poder llegar a un acuerdo a principios de esta misma semana y convocar a sus respectivos consejos hoy, jueves, para que dieran el visto bueno al contrato definitivo de integración en el SIP, que presidirá el mandatario de la CAM, Modesto Crespo.
Sin embargo, a día de ayer las cajas no habían convocado a sus máximos órganos de gobierno y todo parece indicar que no se les va a citar en lo que queda de semana. Distintas fuentes consideraban ayer que las reuniones de trabajo pueden prolongarse hasta la próxima semana para seguir intentando alcanzar el acuerdo que no llega y que, sin embargo, sí quiere el Banco de España, a quien tienen que presentar el contrato definitivo de integración. El supervisor lo espera y parece que no contemplaría un fracaso de la "fusión fría".
Las negociaciones comenzaron a complicarse después de la firma del protocolo de intenciones, cuando se empezó a trabajar en los flecos. En los primeros compases, el presidente de Cajastur y futuro consejero delegado del nuevo banco, Manuel Menéndez, dejó claras sus pretensiones: plenos poderes durante doce años. El periodo de tiempo que estaría en el cargo se derivaría del punto recogido en el protocolo que establece un mandato de seis años, prorrogable de forma automática a otros seis si las cajas no se ponen de acuerdo en el nombre de su sucesor.
No obstante, la exigencia que generó, primero, el rechazo de los ejecutivos de la CAM y, después, de gran parte del consejo -incluidos los miembros de este órgano que están en la cúpula del mismo- es la condición de Menéndez de actuar con plenos poderes de la junta universal del nuevo banco y, además, con carácter irrevocable.
Este aspecto no figuraba en el protocolo de intenciones y fue con el que la entidad asturiana sorprendió en las primeras rondas negociadoras. El "nucleo duro" del consejo de la CAM ha dejado claro esta misma semana al presidente y al director general, Roberto López, que esta cláusula era inasumible porque, en la práctica, supondría ceder poderes a Cajastur, cuando desde un principio se planteó como un liderazgo compartido en el futuro SIP.
