Los intentos del presidente de Caja Mediterráneo, Modesto Crespo, y del director general, Roberto López Abad, de vencer las reticencias de muchos de los consejeros de la entidad de ahorro a dar el sí definitivo a la "fusión fría", mediante un SIP, con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, se estrellaron ayer contra el rechazo del "núcleo duro" de la CAM a aceptar un contrato de integración que, a juicio de consejeros representativos de todos los grupos, concedería a la caja asturiana un poder absoluto sobre el nuevo banco que se crearía.
Crespo y Abad se reunieron ayer durante varias horas con los tres vicepresidentes de la caja -el murciano Ángel Martínez, el valenciano Benito Nemesio y el alicantino Armando Sala-, además de con el ex conseller de Industria Martín Sevilla, catedrático de Economía y presidente de Gesfinmed, sociedad que gestiona el fondo de inversiones de la CAM, y el secretario general del consejo, José Forner.
Fuentes conocedoras de la reunión señalaron que al término de ésta las posiciones seguían estando muy distantes entre la presidencia y la dirección general de la caja, que abogan por aceptar las condiciones que impone Cajastur ante el riesgo de que el Banco de España tome medidas contra la CAM si no se hace así, y el resto de asistentes, que entienden que dichas condiciones son inasumibles. Como ha venido informando este periódico, el contrato de integración recoge que el presidente ejecutivo de Cajastur, Manuel Menéndez, será consejero delegado del nuevo banco por un período de seis años, prorrogable automáticamente por otros seis si la CAM propone un candidato que no sea aceptado por Cajastur, lo que en la práctica supone el "blindaje" en el cargo de Menéndez hasta el año 2022.
Esta fórmula, como también subrayó INFORMACIÓN en su día, figura en el protocolo del SIP al que dieron el visto bueno los consejos de administración de las cuatro entidades. Sin embargo, lo que desató la rebelión en la CAM fue otra exigencia, añadida a la anterior y que no figura en dicho protocolo, por la cual Menéndez obtendría para actuar como consejero delegado plenos poderes de la junta universal del nuevo banco, pero éstos tendrían carácter irrevocable. La CAM entiende que esta última condición va, incluso, contra las prácticas de buen gobierno que el Banco de España quiere imponer a todas las entidades y no es práctica habitual en las empresas privadas, donde los poderes de los consejeros delegados siempre pueden ser revocados por las juntas de accionistas si lo estiman necesario.
Explicaciones
La reunión se celebró ayer en un ambiente de gravedad. Alguno de los asistentes, ante la insistencia del presidente de la CAM en que había que aceptar las condiciones propuestas por Cajasturpara esquivar el riesgo de una intervención, emplazó a Modesto Crespo y a Roberto López a que acudieran al consejo de administración a explicar cuál es en realidad la situación financiera en que se encuentra la CAM. "Que nos den las cuentas claras y entonces decidiremos", señaló uno de los participantes a la salida del encuentro, tras el que nadie quiso hacer declaraciones públicas.
Aunque todo el mundo confía en que se encuentre una solución y no se produzca una ruptura del SIP, cuyas consecuencias serían imprevisibles, lo cierto es que la semana pasada la cúpula de la CAM avanzó que convocaría a su consejo de administración este próximo jueves, confiando en que la reunión de este lunes con el "núcleo duro" de la entidad serviría para zanjar los desacuerdos. Y ayer mismo, el presidente de la caja habló de adelantar incluso un día esa convocatoria, y celebrar consejo el miércoles. Sin embargo, la reunión lo que dejó claro es que no existe la seguridad de que el consejo apruebe el contrato de integración en los términos en que se pretende o que, si lo hace, sea en todo caso en medio de una fuerte división y con bastantes votos en contra. Así que de la reunión se salió sin una convocatoria del consejo, ni para el miércoles ni para el jueves, y al cierre de esta edición esa convocatoria seguía sin producirse.
Hay que tener en cuenta que, además, en este caso hay posiciones comunes entre consejeros propuestos por el PP y por el PSPV-PSOE, consejeros que en estos momentos, con independencia de colores políticos, están más por el rechazo al SIP que por su aprobación si no se modifican las condiciones en que queda en él la CAM. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, con ascendencia sobre varios de los consejeros designados en su día por el PP, es el único político que ha hecho declaraciones al respecto, pero se mostró muy contundente al tachar de "ridículas" las exigencias de Cajastur.
Por su parte, los miembros del PSPV-PSOE han mantenido en público un tono conciliador, pero en privado han expresado también su oposición a un acuerdo como el que se está planteando.
A diferencia de una fusión tradicional, el SIP no necesita el visto bueno de la Generalitat Valenciana para tener luz verde. Pero sí es condición imprescindible, dado que así se especificaba en los poderes para negociar que en su día se delegaron en el presidente y el director general, que el contrato de integración lo apruebe el consejo de administración, formado por veinte personas.
Al menos la mitad de ellos han expresado en privado en los últimos días su malestar por la situación, y es a ellos a quienes se están dirigiendo las gestiones en las últimas horas para que el SIP sea aprobado.
