Caja Mediterráneo prevé convocar el próximo jueves al consejo de administración para someter a su aprobación el contrato definitivo de constitución del Sistema Institucional de protección (SIP) que lideran la CAM y Cajastur y en el que también participan las cajas de Extremadura y Cantabria. Los equipos directivos de las entidades financieras prosiguen e intensifican esto días las reuniones para intentar superar el bloqueo de la negociación y poder alcanzar un acuerdo definitivo antes de que acabe la próxima semana y presentar, posteriormente, el contrato definitivo ante el Banco de España.
Dependiendo de la marcha de las reuniones, la convocatoria de los consejos de las cajas que participan en la operación podría trasladarse al viernes, ya que la voluntad de las mismas es zanjar las diferencias surgidas durante esta última semana a la hora de desarrollar el protocolo de intenciones para formar el SIP, que se firmó a finales de mayo. Principalmente, la negociación quedó encallada cuando el presidente de Cajastur y futuro consejero delegado del SIP, Manuel Menéndez, puso sobre la mesa unas exigencias que pasaban por asumir plenos poderes durante doce años. Estas condiciones crearon un hondo malestar entre los miembros del consejo de administración de Caja Mediterráneo, dado que las aspiraciones del asturiano suponían, fundamentalmente, que la junta de accionistas del nuevo grupo delegara en él todos sus poderes de forma irrevocable.
Este última es la condición que más ha irritado a una gran mayoría de consejeros de la CAM, que ha advertido esta semana -en privado, sin querer hacer declaraciones públicas- de que votaría en contra si el contrato final incluye estas exigencias. En este posicionamiento se encuentra, al menos, una decena de consejeros, es decir, la mitad del máximo órgano de gobierno de la CAM.
De ahí que una amplia mayoría de miembros confíe que en las negociaciones que se mantienen estos días se reconduzca la situación. Por otra parte, el protocolo firmado en mayo recoge, con respecto a la duración del mandato, una vigencia de seis años, pero con la posibilidade de prorrogar por otros seis en el caso de que las entidades no se pongan de acuerdo sobre su sucesor.
En el futuro SIP, que presidirá el mandatario de la CAM, Modesto Crespo, las dos entidades que lideran la operación tienen el mismo porcentaje de acciones -un 40%- pese a que la CAM duplica en tamaño a Cajastur. La alianza a través de esta fórmula permite a las entidades que participan en esta operación mantener sus marcas, naturaleza jurídica y obra social, mientras que ponen en común algunas líneas como la de tesorería, que se gestionarían con la creación de una ficha bancaria.
Los representantes de los trabajadores, por su parte, están intentando crear una plataforma conjunta de los sindicatos independientes de todas las cajas que participan en esta "fusión fría" para negociar las condiciones laborales y evitar que hasta recortes en el empleo.
