La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Gandía aprobó ayer una propuesta de resolución, que será debatida por el pleno el 15 de julio, en la que lamenta la pérdida de los centros de decisión financiera que han supuesto las respectivas uniones de Bancaja y la CAM con Caja Madrid y Cajastur, y exige que se garantice en el nuevo escenario la financiación necesaria para empresas y familias. Además, reclama que la obra social "responda a las particularidades culturales, lingüísticas y sociales de los valencianos". La propuesta concluye que "el no cumplimiento de estos puntos debería imposibilitar avanzar en el proceso de "fusión fría" que se ha acordado en estos momentos y, menos aún, llegar a acuerdos de fusión total". Para terminar, el ayuntamiento pide "una mayor responsabilidad a todos los agentes valencianos en defensa de los instrumentos que posibilitan nuestro autogobierno y, en particular, al Consell".

Esta última cuestión es muy relevante. El alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, explicó a este diario que los partidos políticos, incluido el suyo (PSPV), y la Generalitat "deben estar encima de la negociación" que en estos momentos mantienen Bancaja y la CAM con el resto de sus socios "para evitar perder más de lo que hemos perdido ya o para recuperar en la medida de lo posible lo ya perdido". Orengo considera que "los empresarios están jugando sus cartas" en esa partida, como ha puesto de manifiesto la patronal provincial de Valencia, "y los socialistas también deberíamos hacerlo". De hecho, el alcalde de Gandía no descarta que en las próximas semanas otros consistorios regidos por el PSPV puedan tomar iniciativas similares ya que la propuesta cuenta con el beneplácito del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, según confirmaron portavoces oficiales del partido. Las citada fuentes señalan que la moción va en la línea de las manifestaciones efectuadas por el líder socialista tras consumarse el 10 de junio la operación de Bancaja con Caja Madrid. Entonces, culpó al Consell por haber permitido la pérdida de las sedes financieras.