El Sicam, el sindicato mayoritario en Caja Mediterráneo (CAM), solicitó ayer a la Comisión Nacional de la Competencia que paralice cautelarmente la "fusión virtual" de la entidad alicantina con Caja Extremadura, Caja Cantabria y Cajastur al entender que ésta última habría vulnerado las leyes del libre mercado. En concreto, Sicam considera ilegítimo que la caja asturiana argumentara el volumen de activos de Caja Castilla-La Mancha (CCM) para exigir la misma cuota de poder que la CAM dentro del SIP (Sistema Institucional de Protección) ya que esta entidad recibió "varios miles de millones de euros en ayudas públicas" para su saneamiento tras ser intervenida por el Banco de España.
Así, lo afirmó el secretario general del sindicato, Manuel Navarro, en unas declaraciones en las que también anunció otros dos recursos administrativos contra la operación ante el Banco de España y la Generalitat Valenciana, y sendas denuncias ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra el decreto que regula la creación de los SIP.
Sobre el reparto del accionariado en el nuevo grupo, en el que CAM y Cajastur tendrán ambas un 40% a pesar de sus diferencias de tamaño, Navarro consideró que la asturiana se ha aprovechado "de los recursos públicos para buscar una posición dominante" en el SIP por lo que pide a la Comisión Nacional de la Competencia (un organismo presidido por el alicantino Luis Berenguer) que tome cartas en el asunto. En este sentido, el volumen de activos de Cajastur (15.597 millones de euros) apenas supondría un 12% del total del nuevo grupo, pero con CCM, que le fue adjudicada tras la citada intervención del Banco de España, alcanza el 30%. Esto, unido a su mayor solvencia fue lo que permitió a su presidente, Manuel Menéndez, negociar un acuerdo tan ventajoso.
Sin embargo, el Sicam recuerda que dicha operación tiene autorizadas numerosas ayudas -en concreto, 1.300 millones del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas y un seguro del mismo organismo por valor de 2.475 millones para futuras pérdidas no previstas-, lo que a su juicio "distorsiona la competencia" y alteró el resultado de las negociaciones. Hay que tener en cuenta que dichas ayudas han sido esgrimidas durante las conversaciones para constituir el SIP pese a no haber sido aún cobradas. Manuel Navarro llegó a calificar de "fraude" lo ocurrido porque "el Banco de España saneó Caja Castilla-La Mancha y luego se la entregó a Cajastur", que más tarde la ha utilizado "para adquirir un tamaño mucho mayor del que le correspondería en el SIP". "Ha sido un chollo", apuntó el sindicalista, quien aseguró que la entidad asturiana apenas ha tenido que aportar "400 millones de euros" a través de su filial, Banco Liberta, para quedarse con el negocio y la red de la manchega.
En este sentido, recordó que la CAM, con casi 74.000 millones a cierre del primer trimestre, aporta más de la mitad de los activos totales del grupo, unos 132.000 millones, según el último balance de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Informe del Consell
Por otra parte, Sicam también ha presentado otros dos recursos por vía administrativa ante el Banco de España y la Generalitat al considerar que no se han cumplido con los trámite legales necesarios para la puesta en marcha del SIP entre la CAM, Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria. Los representantes del personal entienden que la operación necesita un informe favorable del Gobierno autonómico que no se ha producido, aunque no se trate de una fusión tradicional, las únicas que recoge el texto ya que los SIP "no existían cuando se redactó", apuntó el secretario general del Sicam.
Precisamente, Manuel Navarro también informó de la presentación de sendas denuncias ante el Tribunal Supremo, la pasada semana, y la Audiencia Nacional, ayer, contra el real decreto-ley 6/2010 que regula esta nueva figura del Sistema Institucional de Protección o "fusión fría". En este caso, la acción la ha tomado la Confederación Intersindical de Cajas, que reúne a los sindicatos independientes de estas entidades en todo el país.
Su principal objeción es la necesidad de crear un banco para gestionar la parte del negocio que las cajas aliadas deseen poner en común. Entre otras cosas, porque en el consejo de administración de ese banco no estarán representados como tales ni los impositores ni los empleados, lo que hasta ahora representaba uno de los rasgos diferenciales que mantienen las cajas con respecto a los bancos.
