La ayuda de 420 euros que el Gobierno instauró para los desempleados que agotaran las prestaciones contributivas puede tener los días contados. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, admitió ayer que el Ejecutivo podría no prorrogar más esta medida para contener el déficit público.

Según Corbacho, deberá producirse un "debate" en el seno del Gobierno para decidir dónde se aplican los recortes necesarios para ajustar el gasto. Recordó que en la actualidad son "casi medio millón" los parados que reciben los 420 euros y aseguró que su ministerio "valora muy positivamente" esta ayuda, cuya duración es de seis meses. No obstante, señaló que el Gobierno también tienen la necesidad de implementar "medidas de reducción del déficit" y que los Presupuestos Generales del Estado del 2011 van a ser "de contención". "Esperemos a ver cuáles son las partidas que se podrán ver afectadas", reflexionó.

El ministro también tuvo que responder a las preguntas de los periodistas sobre los primeros casos conocidos de empresas que se han acogido a la nueva modalidad de despido objetivo, que permite indemnizar a los trabajadores con sólo 20 días por año trabajado si concurren determinadas circunstancias. Entre ellos destacan la veintena de periodistas que han abandonado la Agencia EFE mediante este sistema o los 80 trabajadores de la factoría de Saunier Duval de Vitoria a los que también se les va a aplicar la nueva normativa. En este caso, además, Saunier Duval ha retirado el ERE que negociaba con los sindicatos para acogerse a la reforma y reducir las indemnizaciones que debe pagar.

Al respecto, Celestino Corbacho afirmó que la reforma laboral no permite que un empresario "sin más" haga un ajuste de su plantilla con un pago de 20 días de indemnización y añadió que "no será tan sencillo" porque, además, es un acto sometido a la tutela judicial. Sobre el caso concreto de Saunier Duval señaló que, como el expediente de regulación de empleo debe pasar por la autoridad laboral, "si es para hacer un fraude, anticipo que no lo vamos a aprobar". También añadió que los ERE por causas objetivas ya existían antes y que, igualmente, deben justificarse.