La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) ha acordado llevar ante los tribunales a la Generalitat Valenciana y el Gobierno central para exigirles el pago de las ayudas que adelantaron a los compradores en el marco del Plan 2000E y que todavía no les han pagado. El montante de la deuda sería de 8,17 millones de euros, según las mismas fuentes.
De la cifra total, 5,8 millones de euros corresponden a subvenciones reconocidas por la Generalitat pero que todavía no se han abonado mientras que otros 2,3 millones son ayudas que adelantaron los concesionarios y que no han sido reconocidas por las administraciones por los retrasos que se produjeron en la apertura del sistema informático para registrarlas. Este problema afecta a 3.493 operaciones en la autonomía, por las que el Consell debería pagar 1,7 millones. El Gobierno, por su parte, adeuda 571.000 euros por 1.142 operaciones.
El presidente de la Federación, Antonio Romero-Haupold, comunicó que las administraciones públicas de todo el país mantienen una deuda total con los concesionarios de 58,3 millones de euros. De este total de deuda de las comunidades y el Ejecutivo central, Romero-Haupold indicó que 44,4 millones de euros corresponden a operaciones en proceso de tramitación, ya que la falta de recursos de determinadas regiones "está retrasando los pagos de operaciones validadas y comprobadas".
