Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete respaldaron hoy endurecer las sanciones contra los países con déficit excesivo y activarlas incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El objetivo es evitar que se repitan nuevas crisis de endeudamiento como la que afecta a Grecia, España y Portugal.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, anunció a los líderes europeos que el próximo 30 de junio propondrá la nueva lista de sanciones para los déficits excesivos.
Los líderes europeos aceptaron además que la UE revise los presupuestos nacionales de los Estados miembros antes de su aprobación parlamentaria para verificar que las hipótesis de crecimiento e inflación en que se basan son realistas y forzar la corrección a tiempo de cualquier desviación del déficit. En este capítulo se dará un tratamiento especial a Reino Unido, que se niega a remitir sus presupuestos a Bruselas antes que a su Parlamento.
Los Veintisiete reclamaron además que todos los países elaboren leyes nacionales que recojan los objetivos de reducción del déficit. Y pidieron a la Comisión que desarrolle una serie de indicadores para detectar cualquier problema de competitividad entre los países de la eurozona.
También se prestará más atención al nivel de deuda, se reforzarán las sanciones contra los países incumplidores y se aplicarán desde una fase más temprana, incluso antes de que superen el umbral del 3%, según el acuerdo alcanzado por los ministros de Economía la semana pasada. Londres quiere que las nuevas sanciones sólo afecten a los países de la eurozona.
La reforma del Pacto de Estabilidad debe concluir en octubre. Pero más allá de este principio de acuerdo, persisten las diferencias entre los Estados miembros sobre las nuevas sanciones. Bruselas ha propuesto que se congelen los fondos estructurales a los incumplidores, e incluso otras partidas como el gasto agrícola. Pero Alemania quiere ir más allá y suspender el derecho de voto del infractor en las reuniones de la UE. Ello exigiría modificar el Tratado, algo que rechazan el resto de socios.
