El Gobierno está obligado a abrir una línea de crédito ICO dirigida a los ayuntamientos para que éstos puedan pagar las deudas que tienen con empresas y autónomos. Así consta en la nueva Ley de Morosidad, que el Senado aprobó definitivamente ayer, gracias a una enmienda impulsada por CiU y el PP y a la que se opuso el PSOE por considerar esta medida incompatible con los ajustes presupuestarios que exige Bruselas. Aún así, la propuesta fue refrendada con el voto favorable del resto de grupos.
La enmienda señala que el Ejecutivo debe poner en marcha la línea ICO en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley para facilitar el pago de las deudas firmes e impagadas que las entidades locales tengan con empresas y autónomos con anterioridad al pasado 30 de abril. La línea de crédito se cancelará y satisfará, caso por caso, siempre que no haya sido amortizada con carácter previo, en un plazo que se debe concertar después de que entre en vigor la futura reforma del sistema de financiación local.
El portavoz de Comercio y Turismo del PSOE argumentó el voto negativo de su partido a esta enmienda en la coyuntura crítica de las finanzas públicas y en las medidas de ajuste "tremendamente difíciles" que, según recordó, han sido necesarias para acelerar la reducción del déficit. Además, el diputado socialista apuntó que "por mucho que el ICO establezca líneas de crédito sobre morosidad, al final serán los ayuntamientos los que decidan si van o no a recurrir a esta línea de crédito para pagar lo que deben".
Nuevos plazos
No obstante, la principal novedad de la ley es el establecimiento de un plazo máximo de 30 días para que las administraciones públicas abonen sus facturas y de 60 días en el caso del sector privado. Su aplicación, eso sí, se hará de forma progresiva en cuatro años. En el caso de las administraciones públicas, a partir de la entrada en vigor de la Ley el plazo se establecerá en 55 días; será de 50 días desde el 1 de enero de 2011; de 40 días en 2012 y de 30 días a partir de 2013. Por su parte, las empresas privadas deberán pagar en 85 días desde la entrada en vigor de la reforma; en 75 días a partir de enero de 2012 y en 60 días a partir de enero de 2013.
Empresarios satisfechos
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, mostró su satisfacción y señaló que se trata de "un día histórico que permitirá poner coto a los morosos". La asociación señaló que, entre las novedades más relevantes, figuran el traspaso de los costes del cobro al deudor y la posibilidad de que las agrupaciones de autónomos puedan denunciar a las compañías que se retrasen repetidamente en los pagos.
Por su parte, la patronal de fabricantes de materiales de la construcción (Cepco) aplaudió la modificación legislativa, que calificó como "reforma estructural clara, precisa y contundente" para la economía española. Cepco destacó especialmente la anulación de la "perniciosa libertad de acuerdo" entre las partes contratantes, que permitía saltarse los plazos máximos establecidos con anterioridad y que derivaba con frecuencia hacia "abusos de posición dominante".
